SEVILLA, 7 de noviembre. En un nuevo capítulo de la saga judicial que envuelve a la Junta de Andalucía, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado inicio este jueves a un juicio que involucra al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y a un ex sindicalista de CCOO. Ambos enfrentan acusaciones graves por presuntos delitos de prevaricación y malversación, relacionados con la gestión de más de 9,76 millones de euros que, según se alega, fueron otorgados por la Junta de manera irregular para pólizas de seguro de rentas dirigidas a trabajadores de Fertiberia afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

La primera jornada del juicio se centró en resolver cuestiones previas, momento en el cual las defensas de los acusados solicitaron la suspensión de la vista. Argumentaron que sería prudente esperar a que la misma Sección Primera de la Audiencia emita nuevas sentencias, como ha requerido el Tribunal Constitucional (TC), sobre el procedimiento específico de financiación que se utilizó para desviar fondos destinados a los ERE fraudulentos, así como para ayudas que carecían de la debida publicidad y justificación.

Este giro llega tras la decisión del Constitucional de estimar parcialmente los recursos de amparo interpuestos por expresidentes socialistas de la Junta, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes también están considerados como acusados en la extensa trama político-administrativa. Dicha decisión anuló las condenas previamente impuestas por la Audiencia y ratificadas por el Tribunal Supremo, exigiendo que se revalúen los aspectos del caso a la luz de este nuevo criterio legal.

La defensa de Juan Antonio F.G., ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias de CCOO, ha insistido en que la resolución del TC es aplicable en este caso. Argumentan que es vital para garantizar la protección de los derechos de los acusados en el curso del juicio, proponiendo así la postergación del mismo.

Un elemento notable de esta primera sesión fue la ausencia del ex directivo de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, quien fue inicialmente señalado como un tercer acusado, aunque se ha retirado cualquier cargo en su contra. Este hecho resalta la complejidad del caso y las inesperadas fluctuaciones dentro de la acusación.

La Fiscalía, en su exposición, ahondó en el entramado del ERE que Fertiberia solicitó en 2003, el cual afectó a un total de 166 empleados. A pesar de que la empresa no solicitó ayudas directas, la respuesta de la Junta de Andalucía fue la concesión de más de 2,26 millones de euros en ayudas sociolaborales respecto a 14 extrabajadores prejubilados, marcando un manejo muy poco ortodoxo de los fondos públicos.

La Fiscalía pone especial énfasis en el caso de 12 trabajadores de Fertiberia, quienes inicialmente aceptaron ser trasladados a otros centros laborales. Sin embargo, guiados por los consejos de sus representantes sindicales, solicitaron posteriormente bajas incentivadas, una práctica que, según la Fiscalía, establece las bases para un procedimiento ilícito que buscaría obtener beneficios a través de un engaño sistemático, encubierto en la normativa laboral.

Los 12 afectados incluso se dirigieron mediante correspondencia al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, en un intento por obtener «colaboración ante las circunstancias especiales» que atravesaban, prometiendo devolver el cheque de indemnización que recibirían como parte del despido. Este movimiento es considerado por la Fiscalía como parte de una estrategia urdida para asegurar su inclusión en un esquema de seguros de jubilación irregulares y, así, facilitar el pago de ayudas indebidas.

El papel del acusado J.A.F.G., en su calidad de secretario del sindicato, es descrito por la Fiscalía como central en la creación y ejecución de estos planes fraudulentos, donde se obvió cualquier tipo de control administrativo. La conclusión del Ministerio Público establece que tanto él como los trabajadores involucrados llevaban a cabo un plan que les otorgaba prestaciones a las que no tenían derecho, además de intentar eludir la fiscalización que debería haber existido en estos casos.

En octubre de 2004, Guerrero formalizó un documento que autorizaba el pago de 812.049 euros destinado a costear las pólizas de seguros para los mencionados extrabajadores. A partir de esta fecha, la Junta se vio implicada en una compleja red de pagos que, según se sostiene, carecieron de la transparencia y el rigor que debería regir en la gestión pública de fondos.

En 2009, Fertiberia se vio obligada a iniciar otro ERE que afectaría a 223 empleados, generando una carga económica prevista de 16 millones de euros, cuyo costo parcial debería asumir la Junta. De acuerdo a los informes de la Fiscalía, se reveló que la Junta desembolsó un total de más de 9,76 millones de euros en ayudas a Fertiberia, incluyendo 1,947 millones para los 12 trabajadores del ERE de 2003, y otros 7,5 millones relacionados con pólizas de seguro para empleados del ERE de 2009, cuya gestión sigue suscitando controversia.

La Fiscalía califica los hechos en cuestión como un delito continuado de prevaricación vinculado a un delito de malversación en el caso del ex sindicalista, sugiriendo una pena de siete años de cárcel, y una condena de cinco años de prisión y 12 años de inhabilitación para Rivera. Este escándalo, que continúa desenredándose en los tribunales, pone de manifiesto las irregularidades en la gestión de los recursos públicos bajo gobiernos socialistas, lo que se presenta como una cuestión de gran relevancia para nuestra democracia y el buen uso del dinero de los contribuyentes.