MÁLAGA, 15 Jun.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha acordado la declaración de insolvencia de David Serrano, dueño de la finca donde se encontraba el pozo en el que cayó y murió el pequeño Julen en el primer mes del año de 2019, al comprobarse que no posee aptitud económica para abonar la compromiso civil a los progenitores del menor. Así, se ha archivado de manera provisional la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el juzgado acordó el día pasado 3 de junio la declaración de insolvencia "al haberse acreditado que carecía de recursos económicos o inmuebles para llevar a cabo en oposición al pago de la compromiso civil derivada de su condena por la desaparición del menor".

Esta declaración de insolvencia contó con el respaldo del ministerio fiscal "una vez que se constatara que, aparte de carecer de otros recursos, la finca donde se causó el incidente mortal no está registrada y, en consecuencia, es imposible vender con las garantías legales exigibles", han señalado.

Asimismo, al haberse acreditado la insolvencia, el órgano judicial emitió exactamente el mismo día una diligencia de ordenación acordando el fichero provisional de la ejecutoria de la sentencia contra el culpado. Este fichero, según las fuentes, fue decidido con el visto bueno del fiscal del caso.

Hasta el instante, el culpado había ido realizando en oposición al pago por mes de la indemnización en pos de los progenitores del menor derivada de la sentencia de conformidad que dictó dicho juzgado y ahora había superado del mismo modo el periodo de tiempo de suspensión como condena decretado sin cometer ningún delito, han explicado exactamente las mismas fuentes.

Serrano fue culpado en el primer mes del año de 2020 a un año de prisión y a indemnizar a todos los progenitores con 89.500 euros, con una cuota por mes de 50 euros. La prisión fue suspendida por un par de años, con lo que no llegó a entrar en prisión, si bien este beneficio estuvo condicionado a cuestiones como el pago de la compromiso civil, de la que en un inicio abonó 25.000 euros.

El ya transcurrido mes de marzo, el juzgado acordó la remisión o extinción de la pena de un año de prisión impuesta a Serrano, si bien sostuvo el abono de la compromiso civil, al estimar que no prescribiría y tras haber efectuado reclamaciones y observaciones en múltiples oportunidades frente a los incumplimientos y los retrasos del culpado en los pagos.