SEVILLA, 8 Jul.

La Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal experto en Discapacidad, ha anunciado este viernes una demanda en el juzgado contra el directivo de la vivienda de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en Manuel Siurot, clausurada en el mes de mayo por orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, tras múltiples inspecciones. La demanda apunta que, desde 2018, "no se ha prestado una asistencia correcta, con un considerable peligro para la salud y también integridad de los mayores".

En la demanda, se apuntan 4 delitos en el desempeño, cuidados y administración de la vivienda: por abandono de personas con discapacidad y atacables necesitadas de particular protección, contra la integridad ética, de lesiones y falsedad en archivo oficial, como ha detallado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una publicación oficial. "Se han encontrado alimentos caducados, como huevos, sin menú visado por experto y alimentos guardados bajo modelos de limpieza", se señala en el comunicado.

También se "ha apreciado peligro para la vida y la salud por utilizar contenciones no homologadas y sin control". El empleo de éstas supone "un grave peligro de lesiones" en el momento en que no están precriptas por facultativos y controlados de forma intensa, tal como había "falta de control de alimentos". Se han registrado "esenciales caídas usuales en mayores con peligro, por abandono, no precaución directo pese a las gigantes restricciones de ciertos de ellos" y la barandilla instalada no cumplía las reglas de seguridad de incendios.

Asimismo, la Fiscalía apunta a que se superó la ratio de mayores, fundamentalmente dependientes, lo que piensa "un grave peligro para la salud al no tener medios suficientes para atender a estas personas y la carencia de registro preciso, por sepa del mismo, sin expediente personal, lo que piensa un peligro de relevancia al no conocerse la situación real de los habitantes".

Las inspecciones de la Junta a la vivienda desde 2018 a 2020 ahora recogían "ciertas irregularidades que habían de ser subsanadas". En 2021, se requirió subsanar "incumplimientos", como el registro de expedientes particulares, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica, escasez de alimentos, visado de menú y la ocupación del centro con mayor número de enormes dependientes de los autorizados para la ratio del personal. Irregularidades que no se llegan a subsanar en la novedosa inspección de 2022 y que terminaron con la orden de cierre de la vivienda.