GRANADA, 12 de diciembre.

Recientemente, el colegio de Granada se ha visto envuelto en un escándalo tras la denuncia de una madre que alertó sobre abusos sexuales a su hija pequeña, presuntamente perpetrados por tres alumnos. Este caso ha tomado un giro inesperado, ya que se ha registrado un segundo incidente con los mismos menores implicados, lo que ha llevado a las autoridades educativas a tomar la decisión de cambiar a estos jóvenes de centro escolar.

Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, la Policía Nacional ya ha abierto una investigación que cuenta también con la intervención de la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía. La gravedad de los hechos ha despertado la atención de la opinión pública, no solo en la localidad, sino en toda la comunidad autónoma.

Los menores señalados por las denuncia tienen menos de 14 años, lo que implica que, de confirmarse los abusos, quedarían exentos de responsabilidad penal, tal y como indicó el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en una declaración hecha el pasado miércoles. Este marco legal plantea serias dudas sobre la forma en que la sociedad debiera responder a estos casos alarmantes.

El diario Ideal ha dado a conocer que los supuestos abusos ocurrieron durante el recreo en octubre. En un primer momento, solo se conoció un incidente, pero el segundo salió a la luz luego de que se iniciara el expediente y se efectuara la reubicación de los menores. Las similitudes en las lesiones y los testimonios de las víctimas sugieren una preocupante continuidad en los hechos denunciados.

En este contexto, la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, hizo declaraciones el pasado miércoles que ponen en relieve un importante tema de fondo: la exposición de los menores a contenidos inapropiados en Internet. Castillo argumentó que "estas cosas suceden porque nuestros niños y niñas tienen un acceso indiscriminado a Internet, a las redes sociales y a la pornografía", exhortando así a la necesidad urgente de establecer límites y proteger a los menores de un entorno digital que carece de las adecuadas medidas de seguridad.