El pasado 17 de diciembre, la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, desmanteló una organización criminal en Cádiz en el marco de la operación denominada 'Navegante'. Este operativo resultó en la captura de 15 individuos que se presume pertenecen a una red dedicada a la logística del narcotráfico, actuando como "guarderías" de suministros esenciales para este ilícito negocio, tales como combustible, embarcaciones de alta velocidad y otros víveres necesarios para llevar a cabo sus actividades, liderada por un clan familiar bien conocido en la localidad de Chiclana.

Según un comunicado conjunto, se realizaron siete registros en diferentes domicilios ubicados en Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real. Durante estas intervenciones, las fuerzas del orden confiscaron una serie de bienes significativos, entre los que se incluyen una embarcación neumática de cuatro metros con motor, tres embarcaciones deshinchadas, cuatro motores de embarcación, así como cuatro vehículos y dos motocicletas.

En la operación también se incautaron importantes cantidades de dinero y armamento: 21.580 euros en efectivo, cinco armas de fuego, una granada de humo militar, dos sirenas policiales, machetes, tres unidades de GPS, 27 teléfonos móviles, dos teléfonos satélites, y además, sustancias ilegales como siete kilos de marihuana y 18 pastillas de hachís, junto con 2.475 litros de gasolina almacenados en petacas.

El inicio de esta investigación se produjo cuando los agentes obtuvieron información sobre la existencia de una organización criminal implicada en el aprovisionamiento de combustible y víveres, así como en la realización de cambios de tripulación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, que son utilizadas para el tráfico de drogas e inmigración clandestina. Esto facilitaba de manera significativa la operación de los alijos de droga, actuando como soporte crucial para estas actividades delictivas.

Las pesquisas llevaron a descubrir que esta organización estaba "totalmente estructurada y jerarquizada", con un liderazgo ejercido por un clan familiar afincado en Chiclana. Este grupo delictivo poseía una clara división de funciones y roles, donde los líderes, dos hermanos, se ocupaban principalmente del control operativo y financiero, encargándose de la adquisición de combustible, vehículos y embarcaciones, así como del establecimiento de centros logísticos que actuaban como "guarderías" para el almacenaje de recursos indispensables para su actividad delictiva.

En el escalón intermedio de esta estructura se encontraba el lugarteniente, quien actuaba como la mano derecha de los líderes, encargándose de mantener el contacto con otros miembros de la organización que ocupaban posiciones inferiores en la jerarquía. Este modelo organizativo no solo refleja la complejidad del entramado criminal, sino también el desafío que representa para las autoridades desmantelar dichas redes.

Los miembros de esta organización, muchos de ellos con un historial delictivo considerable en relación con el narcotráfico, ejercían sus actividades de manera concertada y metódica. Proporcionaban apoyo logístico a embarcaciones ya en el mar, facilitando el suministro de combustible, víveres, cambios de tripulación e incluso realizando intercambios de gasolina por cargas de hachís, lo que pone de manifiesto la sofisticación y el nivel de planificación que abarca este tipo de operativas delictivas.

La creciente presión por parte de las fuerzas de seguridad llevó a esta organización a modificar sus estrategias, cambiando frecuentemente sus puntos de avituallamiento y estableciendo nuevas "guarderías" de combustible en localidades diversas de la provincia. Este movimiento tenía como objetivo dificultar el seguimiento y las acciones de las fuerzas del orden, un testimonio más de la audacia e ingenio utilizados por grupos involucrados en el narcotráfico.

Estas "guarderías" eran ubicadas en una variedad de propiedades tanto dentro de los núcleos urbanos como en sus alrededores. Algunas de estas instalaciones estaban incluso situadas en habitaciones adyacentes a dormitorios infantiles, donde se solía llevar una vida normal, y en bajos de edificios que albergan numerosas familias. Esta situación plantea riesgos significativos, ya que el manejo de productos inflamables e incendiarios, como la gasolina, en furgonetas representa una clara amenaza para la seguridad de las personas, aumentando el peligro de una posible explosión.