En Algeciras, una ciudad de Cádiz, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha conducido a la detención de tres individuos involucrados en un escándalo de empadronamientos ilícitos. Están bajo la lupa de las autoridades también una cuarta persona, todos acusados de cobrar tarifas que oscilan entre 300 y 500 euros a cambio de facilitar empadronamientos ficticios. Esta práctica propiciaba la obtención de permisos de residencia y trabajo para extranjeros, lo que ha llevado a la imputación de delitos de falsedad documental y promoción de la inmigración irregular.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional, la operación nació de una investigación iniciada en abril de 2024, que puso en evidencia un notable aumento de empadronamientos sospechosos en diversos domicilios de Algeciras. En uno de los lugares investigados, una vivienda en condiciones deplorables en el barrio de La Bajadilla, se verificó que 15 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera y sin ningún tipo de relación laboral, social o afectiva con la ciudad, figuraban como residentes.

Los agentes, tras un exhaustivo trabajo de verificación, confirmaron que al menos 13 de los supuestos empadronados nunca habían habitado en la propiedad en cuestión. Este grupo habría pagado sumas que alcanzan hasta 500 euros para conseguir un empadronamiento que luego utilizarían para iniciar trámites hacia la obtención de permisos de residencia y trabajo, lo cual es completamente ilegal.

La investigación descubrió que dos de los detenidos funcionaban como intermediarios entre los solicitantes de estos empadronamientos fraudulentos y los propietarios de las viviendas. Los encuentros iniciales se llevaban a cabo en cafeterías locales, donde, una vez recibido el monto acordado, se les proporcionaba la documentación necesaria para formalizar el empadronamiento en la Oficina del Padrón Municipal de Algeciras.

Como resultado de esta operación policial, se arrestó a tres personas implicadas y se solicitó al Registro Municipal que procediera a la baja de aquellos que se encontraban empadronados de manera irregular.

La Policía Nacional ha enfatizado que este tipo de prácticas fraudulentas son comúnmente utilizadas por individuos que se hallan en situación irregular con el fin de cumplir con los requisitos para permanecer en España. Sin embargo, estas acciones constituyen serias violaciones de la Ley de Extranjería, y pueden acarrear sanciones que van desde multas de 501 hasta 10.000 euros. En los casos más severos, los implicados podrían enfrentar penas de prisión de hasta tres años, tal como lo estipula el Código Penal.