JAÉN, 11 de julio. El Cuerpo de la Guardia Civil ha culminado una investigación en torno a la venta ilegal de ortiguillas, en el contexto de la operación Sado Anemonia. Este operativo fue llevado a cabo por los expertos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la Comandancia de Jaén, quienes han puesto el foco en un empresario mayorista de la provincia de Sevilla.

El sujeto investigado, de 61 años, enfrenta ahora serias acusaciones que incluyen falsedad documental y delitos contra la salud pública. Se le atribuye la comercialización de 85 kilos de ortiguillas, cuyo valor aproximado asciende a 8.500 euros en el mercado negro.

La investigación tomó forma a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano que advirtió irregularidades en el etiquetado de las ortiguillas servidas en un restaurante de la capital jienense. Esto llevó a los agentes a realizar una exhaustiva inspección en el establecimiento, donde se obtuvo documentación relacionada con la compra del producto. Las ortiguillas se clasifican como anémonas de mar (Anemonia sulcata), cuya extracción está sujeta a estrictas regulaciones y, en algunas áreas, totalmente prohibida.

Los esfuerzos de investigación permitieron rastrear el origen de las ortiguillas, que resultaron provenir de una empresa mayorista en Sevilla. En colaboración con inspectores de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se realizaron inspecciones en la empresa señalada y en otros intermediarios comerciales de Málaga y Jaén para comprobar la trazabilidad del producto.

Durante la revisión de los documentos, los agentes encontraron irregularidades en las facturas y albaranes de varios lotes de ortiguillas, que supuestamente se habían obtenido de un pescador autorizado en aguas de Portugal. Sin embargo, la colaboración con las autoridades portuguesas demostró que esas capturas no se produjeron en los plazos indicados en los documentos. La Guardia Civil ha señalado que se confirmó que la empresa mayorista había emitido documentos falsificados para intentar enmascarar la ilegalidad de las transacciones.

Esas ortiguillas, en particular, se estima que fueron extraídas ilegalmente del litoral andaluz, donde su pesca se prohíbe desde 2023 debido al crítico estado de sus poblaciones. Además, estos productos no habían sido sometidos a los controles sanitarios pertinentes, lo que podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

En el transcurso de la inspección, se confiscó un total de 626 kilogramos de productos pesqueros que carecían de etiquetado adecuado o presentaban fechas de caducidad expiradas. Estos productos fueron considerados no aptos para el consumo humano y destruidos según la normativa vigente.

Por último, se han presentado múltiples denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como en relación con la Defensa del Consumidor y la Producción Agroalimentaria. Las diligencias correspondientes ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Jaén.