SEVILLA, 9 de octubre. La Guardia Civil de Sevilla ha llevado a cabo importantes operativos que han resultado en la confiscación de un total de 24.520 dispositivos de vapeo de procedencia ilegal, con un valor estimado en el mercado de 312.480 euros.

El primer operativo se inició cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla recibió información sobre un vehículo que llegaba desde Polonia y que podría estar transportando mercancía sospechosa. Según un comunicado oficial, los agentes lograron localizar e interceptar un camión en la A-4. Durante la inspección de la carga, se confiscó una partida de 12.200 vapeadores no autorizados, valorados en aproximadamente 146.400 euros, que estaban destinados a un negocio en la provincia de Sevilla.

Las diligencias en este primer caso culminaron con la identificación del conductor del camión, quien ha sido señalado como el encargado de recibir dicho envío. Se ha procedido a su denuncia por infracciones vinculadas al contrabando y a la sanidad pública, mientras que los vapeadores confiscados están programados para ser destruidos.

En el segundo operativo, los investigadores centraron su vigilancia en empresas de Algeciras, Cádiz. Durante estas labores, se interceptó una furgoneta que transitaba por Sevilla con destino a la misma localidad. En la revisión de la carga, se encontraron 12.320 vapers que no contaban con la documentación adecuada que certificara su origen, incumpliendo así las normativas sanitarias vigentes que regulan su distribución.

El valor de estos productos decomisados se estima en 172.480 euros y, como resultado de las operaciones, dos individuos han sido detenidos por su presunta implicación en delitos de contrabando, contra la salud pública, falsedad documental y fraude. Ambos han quedado a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Las investigaciones sugieren que los detenidos planeaban comercializar estos dispositivos en tiendas especializadas y a través de plataformas de venta en línea en distintas localidades del país. Todo el material intervenido ha sido destruido por no poder garantizar su origen ni el control sanitario, considerándose potencialmente dañino para la salud de los consumidores.

Estos operativos han sido dirigidos por la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Investigación de la Compañía de Utrera y de agentes del Puesto Principal de Los Palacios.