En la ciudad de Córdoba, el Equipo de Protección de la Naturaleza, conocido como Seprona, de la Comandancia de la Guardia Civil, ha iniciado la investigación de un individuo acusado de un grave delito: la usurpación de aguas mediante la utilización de pozos clandestinos.

La trama se descubrió durante una rigurosa inspección de las captaciones de aguas para el riego en una finca de olivar situada en el término municipal de Córdoba. Esta inspección fue realizada en conjunto por miembros del Seprona y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quienes localizaron un total de cinco pozos. De estos, solo dos contaban con la debida legalidad, pero habían sido manipulados con la instalación de "bypass" para eludir la lectura de sus contadores.

La situación se complicó aún más con la identificación de dos pozos operativos que eran completamente clandestinos, uno de los cuales se encontraba totalmente enterrado, lo que complicó su detección. El quinto pozo, aunque también ilegal, se hallaba en desuso y carecía de cualquier mecanismo de captación de agua.

Durante la investigación, los agentes notaron que los contadores de agua reportaban cifras sospechosamente bajas en relación con la extensión total de la finca, que abarca 84,6880 hectáreas. Esta discrepancia generó la sospecha de que se podrían estar llevando a cabo prácticas ilegales en relación con el uso y la captación de recursos hídricos.

El desarrollo de la inspección permitió a los agentes identificar diversas irregularidades en las infraestructuras destinadas a la captación de agua en la mencionada finca agrícola. A pesar de contar con una concesión que autorizaba únicamente dos pozos, la explotación había realizado obras que le permitían operar cinco pozos en total, cuatro de los cuales estaban en funcionamiento.

De esta forma, la finca lograba acceder al agua para riego sin que dicha cantidad fuera registrada oficialmente. Ante las evidentes irregularidades, además de la vía penal, se han elaborado informes de denuncia dirigidos a distintas entidades, de acuerdo con las competencias de cada organismo, en relación con las infracciones administrativas detectadas.

Como resultado de toda esta investigación, se ha procedido a investigar a una persona, quien es considerada presunta responsable de un delito de usurpación de aguas, debido a la extracción no autorizada de aguas a través de pozos clandestinos. Las diligencias correspondientes han sido entregadas a la Autoridad Judicial, dando un paso firme en la lucha contra esta problemática ambiental.