• domingo 5 de febrero del 2023

Ecologistas solicitan al Supremo que anule su sentencia de Palomares y señale qué organismo debe adecentar radiactividad

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ALMERÍA, 8 Dic.

Ecologistas en Acción ha anunciado al Tribunal Supremo (TS) un hecho de nulidad por el que solicita que dicte una exclusiva sentencia donde precise, por ejemplo cuestiones, cuál es el organismo "competente" para "entablar plazos" de cara a realizar la limpieza de los suelos contaminados en Palomares (Almería) tras haber fallado que no le corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El colectivo, que impugna la resolución del Supremo dictada el 15 de noviembre como paso antes de asistir al Tribunal Constitucional (TC) y Estrasburgo, asegura que "denegar" la rivalidad al CSN "equivale a evitar" su "derecho a la tutela judicial", en tanto que no dispone "de ningún otro sujeto pasivo viable".

"Esta parte prosigue sin comprender cuál era el organismo competente para detallar plazos para la limpieza de Palomares en el instante de enseñar el recurso. Si el CSN no se consideraba competente debió remitirnos al organismo conveniente en cumplimiento del producto 14.1 de la Ley 40/2015, cuya infracción no entra a interpretar", mantiene.

En su escrito, consultado por Europa Press, desgrana las resoluciones de julio de 2021 en las que el Consejo de Ministros, como los ministerios de la Presidencia y para la Transición Ecológica y el Ciemat se declararon inútiles y, específicamente, de qué forma el Gobierno aseveró que la "orden" para "adecentar" Palomares la debía ofrecer el Ciemat y este, por su parte, señaló que el organismo que regula, dirige y escoge "todo lo concerniente" a la polución en esta región "es el CSN".

"Si el Consejo de Ministros, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ciemat no son eficientes para indicar período, únicamente nos queda como sujeto pasivo para enseñar nuestra demanda el CSN", traslada.

En esta línea, arguye que la sentencia de 15 de noviembre "no interpreta" como solicitó cuál es el "alcance de la potestad normativa del CSN", lo que asimismo le causa "indefensión", y asegura que la ley permite al CSN a "producir normas y también normas técnicas complementarias" que son resoluciones administrativas con reglas de carácter general de obligado cumplimiento o dadas a particulares.

"El CSN tiene competencias para producir una IS o una ITC fijando una fecha para adecentar Palomares o sencillamente remitir un atento trabajo al órgano de la administración que considere oportuno señalando una fecha para la limpieza, pero la sentencia no cita la potestad normativa del CSN y se restringe a considerarlo equivocadamente como un órgano consultivo sin aptitud decisoria", recalca.

Ecologistas en Acción sostiene que el Supremo tampoco ha interpretado que permite al regulador atómico a "imponer sanciones" ni se pronuncia sobre las "infracciones graves en materia nuclear que se están cometiendo" en la región.

Apunta para soliciar que se retrotraigan las actuaciones hasta dictar novedosa sentencia donde se dé contestación a sus alegaciones que la sentencia del TS "no examina la utilización del incidente de Palomares para presenciar los efectos de la radiactividad en los seres vivos" y critica que la "única medida adoptada para mitigar los efectos radiactivos haya sido el vallado de los terrenos que se inició en 2007 y concluyó en 2011" a pesar de que el incidente aéreo ocurrió hace mucho más de medio siglo.

"La sentencia --añade-- tampoco se refiere al pedimento primordial de esta una parte de que se almacenen los 6.000 metros cúbicos previstos en el Plan de Rehabilitación y logrados de adecentar 50.000 metros cúbicos y de almacenarlos en un Almacén Temporal Individualizado esperando de que los EEUU u algún otro país los admita, como tampoco a que es urgente enfrentar la limpieza por el hecho de que el plutonio se está convirtiendo en americio".

El escrito cita otras "omisiones" que le causarían indefensión como que no recoja que el CSN "no respondió a la Comisión Europea" a su requerimiento a fin de que antes de enero de 2022 le notificase de los adelantos en la limpieza o no entre a rebatir sus alegaciones "limitándose a enumerar las reglas" que citaba en el coche de admisión del recurso.

"La sentencia no interpreta, por poner un ejemplo, el producto 2 r) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear que le permite para adoptar cuantas medidas de prevención y corrección sean exactas frente ocasiones inusuales o de urgencia que logren perjudicar a la seguridad nuclear en el momento en que tengan su origen en ocupaciones no sostienes al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear, como es la situacion de Palomares", concluye.

El Supremo concluyó en una breve resolución de 28 páginas que la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear limita las funcionalidades del regulador atómico a la elaboración de reportes, habilitación y también inspección y control; iniciativa normativa y elaboración de normas, guías y circulares de carácter técnico; de información, consejos y también investigación; y coordinación con otros organismos, entidades o gestiones.

En su recurso, anunciado antes del cambio normativo acometido por el Gobierno en el decreto de medidas urgentes por la guerra en Ucrania, la entidad conservacionista mantenía que el CSN es el "único organismo" competente en temas de seguridad nuclear y protección radiológica toda vez que el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ciemat se han proclamado inútiles para pactar una fecha para la limpieza radiológica de Palomares.

Sin embargo, el Supremo acordó en el mes de mayo que no tendría presente para dictar sentencia la modificación que el decreto de medidas urgentes por la guerra en Ucrania introdució en la Ley de Energía Nuclear (LEN) y que establece que la "rivalidad" es del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

La Abogacía del Estado, en su escrito de oposición al recurso de Ecologistas en Acción, trasladó que el decreto anticrisis haría "insignificante" el fallo al "aclarar de modo indubitado" que es el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, el que tiene la rivalidad y no el CSN, contra el que se dirigía el trámite.

La Audiencia Nacional rechazó en el mes de julio de 2021 con 2 votos particulares las metas de Ecologistas en Acción. Dos jueces consideraron, por el contrario, que el CSN debía haber acabado el emprendimiento de rehabilitación y haber dado un período razonable para su ejecución.

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