ALMERÍA, 13 Mar.

La organización ecologista Salvemos Mojácar, que impulsó el litigio que paralizó las proyectos del hotel de Azata en el paraje del Algarrobico (Almería), ha criticado que entre los jueces que en 2014 falló que los terrenos eran urbanizables "trabaja en este momento" para el Ayuntamiento de Carboneras y firma los escritos que se oponen a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), específicamente, "otra de las magistradas que dictaron el fallo en pos del hotel", sancione al alcalde, José Luis Amérigo, por no cumplir la sentencia que le ordena a desclasificar el suelo.

En un aviso, Salvemos Mojácar apunta que es un "escándalo de primer orden" ya que, hoy en dia, el Ayuntamiento carbonero "no cumple ni solo una de las múltiples sentencias" y "prosigue clasificando los terrenos como urbanizables", aparte de no incoar expediente para declarar nula la licencia de proyectos.

Mientras que, según recrimina, el TSJA "no le ordena a cumplir las sentencias y se restringe a amenazar al alcalde con imponerle multas", pero "sin terminar de imponérselas".

Salvemos Mojácar señala que el Ayuntamiento ha contratado para "proteger" el hotel de Azata a un letrado exmagistrado del TSJA que trabaja para un popular despacho de abogados "al que se ha abonado la proporción de 35.089,98 euros en 2 contratos".

"El magistrado en excedencia dirige sus escritos en defensa del consistorio a exactamente la misma Sala y Sección de la que formó parte y específicamente a una vieja compañera, una jueza que actúa de ponente y con quien dictó sentencia en 2014 aseverando que el Algarrobico era urbanizable", recrimina.

Al hilo de esto, el colectivo conservacionista señala que el mes pasado de diciembre el presidente del prominente tribunal andaluz, Lorenzo del Río, aseveró que, si "se solicitaba la ejecución forzosa de las sentencias del hotel en El Algarrobico, adoptaría medidas añadidas".

"Hace múltiples meses que se ha pedido la ejecución forzosa y el presidente del TSJA no ha adoptado ninguna medida, ni se estima que lo lleve a cabo", destaca.

Salvemos Mojácar tiene relación en su comunicado a una sentencia de 2014 en el contexto de un trámite contencioso-administrativo que inició la promotora en 2008 al recurrir el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

"Tras seis años de tramitación del expediente en la Sección Primera, de manera inmediata, el 24 de febrero de 2014, la Sección Tercera dictó una providencia trasladando la causa de la Sección Primera a la Tercera sin que esa sección fuera competente para tratar ese género de temas", cuenta para añadir que "los nuevos jueces apuntaron para votación y fallo el 27 de febrero de 2014, tres días después, sin tiempo material para estudiar un tema tan complejo y sin que las partes presentadas tuvieran tiempo de recurrir el inesperado cambio de sección".

Resalta el colectivo que recurrieron "ineficazmente en el momento en que ahora se había dictado sentencia diciendo que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables" y afirma que el juez "solamente firmar, solicitó la excedencia y fue contratado por un popular despacho de abogados".

La sentencia que firma al lado de la juez que hoy en día soluciona sobre la ejecución del fallo que ordena al municipio a desclasificar el suelo del Algarrobico fue recurrida por los ecologistas al Tribunal Supremo (TS), que "la anuló y reprochó al TSJA el súbito cambio de sección".

"La acelerada tramitación de la causa declarando urbanizable El Algarrobico coincidió con la ralentización de otra sobre la licencia de proyectos del hotel", concluye Salvemos Mojácar, que menciona a la demanda que presentó en 2014 contra estos jueces "por presunta prevaricación" y que "no fue aceptada a trámite".