SEVILLA, 28 de noviembre. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha convocado a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a declarar como testigo el 20 de enero de 2026. Esta citación se realiza en el marco de las investigaciones sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la pandemia de COVID-19, momento en el que el Estado eliminó la normativa que regulaba dicho tipo de contrataciones, incluido en la Ley de Contratos del Sector Público.

La información se recoge en una providencia del juez, fechada el 26 de noviembre, que ha sido divulgada por Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción solicitó esta comparecencia, proponiendo también la citación del exviceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, quien ocupó el cargo entre septiembre de 2020 y agosto de 2022. Ambos están llamados a comparecer ante el juez el mismo día.

Esta citación de García está relacionada con su tiempo como viceconsejera de Salud, puesto que ocupó durante la gestión de Jesús Aguirre, quien se convirtió posteriormente en presidente del Parlamento de Andalucía. La propuesta de la Fiscalía Anticorrupción está a la espera del pronunciamiento del juez José Antonio Gómez y representa un paso adicional en el proceso relacionado con las diligencias previas 2476/2024, siguiendo las declaraciones de testigos presentadas los días 18 y 25 de noviembre.

El objetivo es profundizar en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que permitió el procedimiento de contratación de emergencia del SAS al cambiar el control de fiscalización previa por un supervisión financiera permanente, es decir, control del gasto a posteriori.

Durante las recientes declaraciones judiciales, la actual viceconsejera de Economía, Amelia Martínez, quien fue la responsable de la Intervención General de la Junta, señaló que la inclusión de los contratos del SAS no fue precedida de una propuesta formal por parte del anterior consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni de un informe estructurado por la Intervención, según han revelado fuentes que estuvieron presentes.

Martínez añadió que el proceso que llevó a que los contratos del SAS fueran sometidos al control financiero permanente surgió durante discusiones en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como el "Consejillo", donde se discuten los temas que posteriormente son aprobados por el Consejo de Gobierno. En esas reuniones, participaron Catalina García y Roberto Ochoa en sus respectivas funciones.

La Fiscalía Anticorrupción busca, por tanto, esclarecer directamente las razones que llevaron a la decisión de incluir los contratos del SAS en el marco de los gastos por emergencia relacionados con el Covid, que ahora son objeto de un control financiero más riguroso.