El 35,5% de los andaluces está al tanto de casos de viviendas ocupadas, mientras que el 43,3% considera que los ocupas tienen protección legal. Por otro lado, el 29,7% cree que el derecho a la propiedad privada está poco protegido, acompañado de un 45,7% que opina que la protección es insuficiente.

Estos datos surgen del bloque temático sobre 'Vivienda, ocupación y derecho a la propiedad' del Barómetro Andaluz, realizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con 3.600 entrevistas durante la segunda quincena de septiembre.

Según la encuesta, el acceso y el precio de la vivienda es el tercer problema que más preocupa a los habitantes de Andalucía, siendo el motivo de preocupación para un 8,7% de los encuestados.

En cuanto a la seguridad ciudadana y la propiedad privada, estos temas pierden relevancia. Solo un 0,2% menciona la seguridad ciudadana como una preocupación, un 0,1% teme a los ocupas, y nadie ve problemas para los inquilinos. Además, el 64,2% no está al tanto de casos de ocupación de inmuebles.

Dentro del bloque 'Vivienda, ocupación y derecho a la propiedad', un 39,2% de los encuestados muestran preocupación por la posibilidad de que su vivienda sea ocupada ilegalmente, especialmente aquellos que se encuentran en el último tercio de la escala, entre el 8 y el 10.

Un 43,3% de los andaluces cree que los ocupas están protegidos por la ley, seguido por un 22,6% que menciona la falta de viviendas sociales como el motivo de la posesión ilegal. Por otro lado, el 45,1% opina que la expulsión inmediata de los ocupas es la solución, mientras que un 28,1% prefiere ofrecerles alternativas habitacionales y un 21,7% propone dialogar con ellos.

En cuanto a las dificultades para encontrar vivienda, el 78,7% señala los precios como el principal obstáculo. Los apartamentos turísticos y los altos precios de compra o alquiler se destacan como las principales razones de la subida de precios, seguidos por la escasa oferta, la falta de protección del propietario y la excesiva protección del inquilino.

En el tema de la migración, un 47,9% la considera positiva y un 7,4% muy positiva. Respecto a la acogida de menores migrantes por parte de la Junta de Andalucía, un 41,4% está de acuerdo y un 24,6% lo ve muy bien, mientras que un 6,9% lo considera muy mal y un 11,3% mal.

La encuesta abarca también temas como las condiciones laborales, donde más de la mitad de los andaluces están satisfechos con su trabajo. Alrededor de un tercio estaría dispuesto a cambiar de ocupación para ganar más, conciliar mejor o trabajar menos horas.

Entre las medidas que se proponen para mejorar la calidad de vida laboral se encuentran la reducción de la jornada laboral a cuatro días a la semana, la flexibilidad horaria para conciliar y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Los beneficios más destacados de esta reducción de horario son tener más tiempo libre y la posibilidad de conciliar mejor.