ALMERÍA, 21 Feb.

El informe municipal ordenado por el alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, para comprender qué trámite debe de continuar para desclasificar como urbanizable el Algarrobico concluye que la forma "perfecta" sería "comenzar" la redacción "de un nuevo" Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los servicios especialistas dan como "opción alternativa" aprobar una modificación "parcial" de lo que llama "instrumento de planeamiento general del PGOU" para declarar el campo sobre el que se levanta el hotel de Azata como suelo de particular protección por estar enclavado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El informe, que fué comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), baraja 2 opciones para ofrecer cumplimiento a la sentencia estable desde 2018, que afirma el ámbito ST-1 como suelo no urbanizable, pero aboga por un "nuevo PGOU debido al cambio de normativa urbanística autonómica de Andalucía".

Afirma que este último sería el "archivo urbanístico perfecto" para agarrar "las ediciones sectoriales que afectan" al ayuntamiento de Carboneras "con la cartografía precisa propia del año 2023", y menciona al deslinde del dominio público-terrestre, que asimismo ocupa relativamente la edificación, y al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y plan rector de usos y administración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La otra opción alternativa que dan los servicios especialistas municipales pasa por "la modificación parcial" del PGOU tanto en El Algarrobico como en el ámbito ST-2 o Canillar "descartando la clasificación urbanística vigente por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa app por la legislación sectorial cambiada por sentencia judicial que los califica como suelo no urbanizable con nivel de protección 'C1 o áreas naturales de interés general'".

El informe, consultado por Europa Press, desgrana los pasos que dió el Ayuntamiento en los últimos cinco años, si bien ninguno ha fructificado y el Algarrobico sigue siendo urbanizable.

Se refiere a que, en 2018, se percató al Pleno carbonero de un decreto por el que se daba por cumplida la sentencia, se acordaba divulgar en BOP el "cumplimiento", comunicarlo a la Junta y organizar a los servicios urbanísticos "insertar en el PGOU una diligencia del fallo", tal como seguir a la adaptación de la planimetría "introduciendo la novedosa región de protección del dominio público marítimo-terrestre".

Señala, en un nuevo intento ahora con la presente empresa, que el Ayuntamiento ha gestionado el archivo 'Modificación número 1' del planeamiento "con objeto de ofrecer cumplimiento a la sentencia" y que de la modificación "tomó conocimiento", que no aprobó, el Pleno mientras que se publicó en el BOP en el mes de septiembre de 2021.

Los servicios especialistas municipales le ponen, no obstante, un 'pero' puesto que, según apunta esta modificación "incluye rectificaciónes referidas al ámbito industrial SI-2 y al Sistema General del Parque Periurbano de El Pocico, que no proceden" y agregan, además de esto, que este "archivo urbanístico no fué anotado en el Registro de Instrumentos Urbanísticos" de la Junta de Andalucía.

Este 'pero' les transporta a señalar que, en un caso así, el "archivo urbanístico perfecto" para ofrecer cumplimiento a la sentencia sería un nuevo PGOU.

Por otra parte, el Ayuntamiento carbonero ha comunicado al TSJA, en contestación a su requerimiento de informe bisemanales, que una vez este informe "fué incorporado" al expediente, "únicamente" resta a fin de que se ejecute "íntegramente" el fallo la "emisión de un informe" por la secretaría municipal "a fin de convocar el Pleno que va a haber de aprobar la modificación del planeamiento". Asimismo, volvió a soliciar que le amplíe el período para cumplirla.

Greenpeace advirtió la semana anterior al TSJA que la solicitud municipal de "mucho más tiempo" para realizar la sentencia que le ordena a la recalificación tras encargar un "nuevo informe" era una "novedosa maniobra dilatoria" del alcalde para "emular que tiene interés" en realizar los requerimientos judiciales y también logró referencia a un informe en exactamente la misma línea de 2020.

Aseveró que el alcalde se encontraba "rehuyendo realizar su obligación de realizar la sentencia" y que, dada esta situación, procedía que se fijase "un período prudencial" desde el como "van a entrar en vigor las medidas represivas" que se acordaron en el mes de julio como multas por semana de 250 euros o demanda a la Fiscalía por presunto delito de desobediencia.

"Hace prácticamente cinco años que el Ayuntamiento carbonero viene simulando tener interés en realizar la sentencia", recalcó para aludir al acuerdo plenario de julio de 2018 que "aún sigue pendiente de cumplirse a pesar del largo intérvalo de tiempo de tiempo pasado".

El Tribunal Supremo (TS) falló últimamente que la licencia municipal de proyectos es "absolutamente legal" 20 años tras su concesión puesto que se ajusta al planeamiento urbanístico de Carboneras por no haberse cambiado el PGOU y supedito su anulación como paso antes de la demolición del inmueble a la revisión de trabajo de la citada licencia por la parte del Ayuntamiento carbonero.