En una reciente sesión del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, llevada a cabo el 28 de noviembre, se ha dado un primer paso significativo hacia la reestructuración de la normativa que regula las viviendas turísticas en la ciudad. La propuesta contempla la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo objetivo es limitar o prohibir la creación de nuevas viviendas turísticas en ciertos barrios, implementando así un esquema de zonificación dentro de la urbe malagueña.

Dicha propuesta, que aún deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia para su oficialización, ha contado con el respaldo del partido en el poder, el Partido Popular (PP), mientras que Vox decidió abstenerse y tanto el PSOE como Con Málaga votaron en contra. Esta división en el voto refleja las posturas encontradas sobre cómo abordar la creciente preocupación por el impacto de las viviendas turísticas en el tejido residencial de la ciudad.

Con la aprobación inicial, se están estableciendo restricciones para 43 barrios donde se ha detectado que las viviendas turísticas ya representan más del 8% del total de residencias. En 328 barrios adicionales, solamente se permitirá registrar aquellas viviendas turísticas que cuenten con accesos y servicios independientes. El resto de los barrios, sumando un total de 46, no son considerados en este contexto residencial.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, explicó que esta modificación incluye una cláusula adicional en consonancia con el decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, que permite a los municipios establecer restricciones a las viviendas turísticas en beneficio del interés general. Este enfoque tiene como finalidad mitigar el impacto negativo que la proliferación de viviendas turísticas puede causar en la oferta de vivienda disponible para la población local.

La concejala insistió en que la decisión del Ayuntamiento está fundamentada y realista, incluso ante las críticas de los grupos de oposición. “Los datos que utilizan sobre la conversión de viviendas a uso turístico son falsos, y lo saben”, afirmó Casero, haciendo hincapié en la necesidad de tomar decisiones que estén respaldadas por un marco legal sólido.

Asimismo, la concejala llamó a los grupos opositores a adoptar una actitud cooperativa y constructiva, sugiriendo que el tema del impuesto turístico podría ser una solución viable para regular la situación de las viviendas turísticas. De este modo, Carmen Casero abogó por el trabajo conjunto para afrontar con seriedad los desafíos que este asunto plantea a todos los municipios.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, manifestó su preocupación por la crisis de acceso a viviendas asequibles en Málaga, criticando la modificación del PGOU como una solución insuficiente que no aborda el problema de forma contundente. Pérez alerta que, de no actuar de manera decisiva, el número de viviendas turísticas podría duplicarse, pasando de las 13,000 actuales a más de 25,000, lo que agravaría aún más la situación en la ciudad.

En su intervención, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, justificó la abstención de su partido aunque expresó su desacuerdo con la medida, considerándola “inútil a corto plazo y contraproducente a largo”. Alcázar argumentó que, aunque están de acuerdo en la necesidad de regular, la propuesta no soluciona los problemas existentes.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, no dudó en criticar abiertamente al alcalde Francisco de la Torre, instándole a que se responsabilice de la situación. Morillas destacó el “cinismo político” del regidor, recordando el anuncio de prohibiciones acerca de nuevas viviendas turísticas y cuestionando su credibilidad ante los ciudadanos que han organizado manifestaciones para expresar su descontento.

Finalmente, el alcalde de Málaga contrarrestó las acusaciones al afirmar que no está eludiendo su responsabilidad y que, en cambio, está trabajando en buscar soluciones que beneficien a las familias en riesgo de exclusión social. De la Torre subrayó la importancia de llevar a cabo un análisis sereno sobre la situación y enfatizó la necesidad de no olvidar a aquellos que más sufren las consecuencias de la actual crisis habitacional.