SEVILLA, 30 Sep.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha anunciado en su edición de este viernes, 30 de septiembre, el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se altera la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por el que se regula el servicio de los automóviles de transporte con conductor (VTC) en esta red social autónoma, y que va a entrar en vigor este sábado, 1 de octubre de 2022, fecha desde la que se abre un período de un año para el avance reglamentario de esta normativa.

Así se recopila en el artículo del decreto, firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, consultado por Europa Press tras su aprobación, el pasado martes, 27 de septiembre, en el Consejo de Gobierno, en cuya referencia se resaltó que la Junta realizaba esta normativa "una vez que el Gobierno de la Nación haya dejado a cargo de las comunidades autónomas su regulación, al eliminar el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre".

De esta forma, como recuerda nuestro decreto, esta modificación de la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía tiene como finalidad "entablar un marco común para la actividad de arrendamiento de automóviles con conductor en Andalucía, después de las novedosas demandas introducidas por el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se altera la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (...), en temas de arrendamiento de automóviles con conductor".

Dicho decreto del Gobierno central incluía una predisposición transitoria única para "compensar a los sucesos damnificados por los perjuicios derivados de la novedosa delimitación del ámbito territorial de las autorizaciones VTC", que "prevé un régimen transitorio de 4 años (...) a fin de que logren proseguir prestando servicios urbanos, período que, para la práctica integridad de las autorizaciones VTC, concluirá en el mes de septiembre de 2022", por eso sea precisa la aprobación de este decreto a nivel andaluz antes que concluya dicho periodo de tiempo de tiempo.

En esa línea apunta el artículo del decreto de la Junta en el momento en que señala que, "en este contexto de cambio profundo de la regulación en temas de VTC, se hace exacto y urgente solucionar con la máxima celeridad el vacío legal que existe para la prestación del servicio en el ámbito urbano y, por consiguiente, la indecisión y falta de seguridad jurídica generada en los sucesos de autorizaciones VTC y en la gente consumidoras y usuarias en Andalucía".

El Decreto ley reúne una sucesión de requisitos para los VTC que, según la Junta, "aportan seguridad jurídica e impide medidas que fueron objeto de reclamaciones millonarias en otras comunidades, como la precontratación por tiempo que pide el ámbito del taxi".

Frente a ello, la novedosa normativa fija zonas de protección a fin de que los VTC no logren estacionar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y buses, tal como a 150 metros de centros de salud, enormes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de cuando menos 4 estrellas, sedes judiciales o sitios donde se celebre un acontecimiento deportivo, cultural o popular.

También se prohíbe la geolocalización anterior a la contratación, y el usuario solo va a poder entender dónde se encuentra el VTC en el momento en que lo contrate. Asimismo, los VTC deberán dar mucho más información al registro, aparte de tener que sobrepasar exactamente los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, "en labras de lograr la profesionalización del ámbito y una mejor protección de los derechos de los clientes".

Al respecto, el decreto establece que los conductores de VTC "dispondrán de un período máximo de un par de años para conseguir la capacitación profesional computados desde la entrada en vigor" de esta regla.

En preciso, la gente conductoras de automóviles adscritos a autorizaciones VTC van a deber reunir, para la prestación del servicio, requisitos como "tener un permiso de conducción bastante expedido por el órgano competente en temas de tráfico y seguridad vial" y "certificado de capacitación profesional vigente para el ejercicio de la actividad expedido por la Consejería competente en temas de transporte".

También, "figurar dada de alta y al tanto de pago en el régimen pertinente de la Seguridad Popular", y "no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su aptitud física para la conducción o que repercuta de manera negativa sobre la seguridad vial".

Asimismo, la Junta notificó tras la aprobación del decreto de que no va a haber mucho más autorizaciones que las que ha concedido el Estado, y "solo va a poder haber novedosas más adelante si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis".

Además, el Decreto ley establece que en el reglamento se van a fijar peculiaridades técnicas para los nuevos automóviles VTC, que han de ser de color negro, sin rótulos ni propaganda.

En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del desarrollador del vehículo para eludir complementos que aumenten la longitud; específicamente, un mínimo de 4,9 metros, con lo que van a deber ser de gama alta; 4,7 metros para híbridos/Eco, y 4,5 metros para los cero emisiones.

Por su parte, basado en este Decreto ley, los municipios van a poder entablar como máximo 52 días por año de reposo obligación a los VTC, uno a la semana sin que coincidan con los días de sobra demanda.

Igualmente, se va a aplicar el régimen sancionador del Estado, dando la potestad a los municipios para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de costos que "evite tarifas exageradas de los VTC en ciertos instantes de enorme demanda". En ese sentido, se va a poder "entablar una cuota máxima de conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad, y anterior audiencia de las organizaciones del campo, de usuarios y clientes".

De igual modo, "se impone a las interfaces intermediarias la compromiso indemnizatoria para velar por los derechos del cliente, tal como deberán resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado".

El decreto ley, según vino defendiendo el Gobierno andaluz, "tiene como fin asegurar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a ofrecer un servicio por precontratación".

De esta forma, la Junta mantiene que la normativa andaluza "se marcó como prioridad que el ciudadano tenga el más destacable servicio, dando permiso, por una parte, que los VTC prosigan haciendo un trabajo, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este sistema público de interés general se vea asimismo reforzado y asegurado".