MADRID/SEVILLA, 7 Mar.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado la decisión este jueves de solicitar al Servicio de Inspección un informe detallado sobre la crítica situación en la que se encuentran los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de varias localidades de Cádiz y Huelva, donde se tramitan casos relacionados con el narcotráfico.

El informe solicitado deberá incluir recomendaciones específicas para abordar la situación actual, detallando cuáles de estas medidas corresponden al órgano de Gobierno de los jueces, según lo informado por el CGPJ en un comunicado.

En la reunión de hoy, la Comisión Permanente discutió un escrito presentado el pasado 27 de febrero por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el cual denuncia la carga de trabajo excesiva en estos juzgados competentes en asuntos civiles y penales. El escrito va acompañado de un informe que destaca "la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan debido a la tramitación de casos complejos de delitos relacionados con el narcotráfico".

Tras considerar las propuestas de la AJFV, la Comisión Permanente ha decidido remitir al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuatro propuestas que requieren modificaciones en la legislación vigente.

Estas propuestas incluyen transferir a la Audiencia Nacional la competencia sobre los delitos de narcotráfico, liberar al juez instructor de ciertas responsabilidades y limitar los recursos legales disponibles en estos casos. También se sugiere establecer un complemento salarial para los jueces que trabajan en zonas consideradas de alto riesgo debido a la investigación de delitos como el narcotráfico. Además, se propone la implementación de tribunales de Instancia a medio plazo y la unificación de los sistemas de gestión procesal.

Respecto a la propuesta de reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más recursos para combatir estos delitos, la Comisión Permanente ha decidido trasladar esta solicitud al Ministerio del Interior.

Por último, se ha acordado informar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia sobre la propuesta de mejorar la dotación de medios materiales y humanos en los juzgados, incluyendo la designación adicional de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.