• domingo 5 de febrero del 2023

El Consejo Consultivo repudia que la Junta indemnice a Azata con 28,8 millones por no desarrollar El Algarrobico

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ALMERÍA, 3 Ene.

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha rechazado que la Junta de Andalucía deba indemnizar a Azata Patrimonio SL por la anulación judicial del planeamiento urbanístico de Carboneras (Almería) que sostiene desde 2009 como urbanizable el Algarrobico y ha concluido que no se le puede imputar el daño que la compañía cuantifica en 28,8 millones de euros por no haber podido desarrollar el ámbito con la construcción estimada de 250 casas, aparte del hotel.

La resolución, consultada por Europa Press, apunta que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias que el pleno de Carboneras aprobó hace prácticamente tres quinquenios y que el Tribunal Supremo (TS) invalidó en 2018 por estar el paraje protegido medioambientalmente, es un "acto municipal".

Al mismo tiempo, el órgano, que da contestación a una petición de dictamen efectuada por la Consejería de Fomento, recalca que la intervención de la administración autonómica se limitó en un caso así a la emisión de un "informe no vinculante".

Añade el Consejo Consultivo que, en concordancia al decreto que lo regula, el trámite de adaptación de los planteamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es "con toda claridad rivalidad municipal" y "posterga" la intervención de la administración autonómica a un "órgano de composición plural" como es la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.

"No existe actuación autonómica de la que pudiese deducirse el daño aducido y la actividad administrativa en cuestión no es imputable a esta administración, tal es así que no puede apreciarse el requisito indispensable de la imputabilidad", resalta el dictamen preceptivo que acredita que la consejería desestime la reclamación familiar realizada por Azata Patrimonio SL.

El informe no vinculante que emitió la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, al que se refiere el Consejo Consultivo en su dictamen de 7 de diciembre de 2022, rectificaba en ciertos puntos lo que al final el municipio carbonero llevó a pleno para su aprobación si bien al final fue conveniente.

El Ayuntamiento de Carboneras aún no ha ejecutado esa sentencia estable desde 2018 que anula relativamente el PGOU de 2009 y el campo ST-1 o Algarrobico, como asimismo el ST-2 o Canillar con 528 casas estimadas, prosiguen en vigor a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido en múltiples oportunidades desde julio de 2022 al consistorio a fin de que cambie la calificación del suelo a no urbanizable de particular protección y ha apercibido con multas por semana de 250 euros al alcalde, José Luis Amérigo.

Azata Patrimonio SL demanda en el prominente tribunal andaluz esa proporción de 28,8 millones de euros para la "reparación integral" de los daños y perjuicios "patrimoniales, morales, y personales" ocasionados con lo que tilda de actuación "irracionales, irrazonable y arbitraria" de Junta y de municipio "alterando" el planeamiento urbanístico que daba sustento legal a la urbanización y edificación "con descoordinación y carencia de rigor exigibles".

Últimamente, en el contexto de este trámite contencioso-administrativo, el TSJA ha acordado designar un perito judicial a fin de que emita informe sobre el valor que tenían las fincas del Algarrobico en el mes de marzo de 2006, en el momento en que la Junta de Andalucía inició el expediente para ejercer el derecho de retracto sobre ellas por su valor ambiental siendo urbanizables y contando con un Plan Parcial aprobado.

El propósito es cuantificar la mengua económica que habría permitido la compañía por no poder desarrollar urbanísticamente el ámbito ST-1 sobre el que se levanta el hotel y saber si esta pérdida de aprovechamiento urbanístico, sumado al coste del emprendimiento de urbanización ahora ejecutado relativamente, proviene de un mal desempeño de la administración.

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