SEVILLA, 11 Feb.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se ha puesto en compromiso, de cara a este año 2023 y al siguiente, 2024, a contrastar "la publicación de la información sobre altos cargos y personas que ejerciten la máxima compromiso en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales, ayuntamientos que sean capitales de provincia y otros ayuntamientos muy pueblos".

Se trata de entre las líneas de actuación dentro en el Plan de Control y también Inspección sobre propaganda activa de 2023-2024 que ha aprobado el Consejo andaluz de Transparencia, consultado por Europa Press tras su reciente publicación por medio de una resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según señala el Consejo de Transparencia en este archivo, la "propaganda activa", regulada en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, radica, "esencialmente, en la publicación, de manera periódica, veraz, objetiva y actualizada, por la parte de los sujetos incluidos en el ámbito de app de la regla, de información pública cuyo conocimiento sea importante para asegurar la transparencia de su actividad".

Se trata de "información que ha de estar libre en las que corresponden sedes electrónicas, portales o webs de tales sujetos obligados", según destaca el Consejo de Transparencia, que cuenta entre sus funcionalidades con la de "llevar a cabo, por idea propia o a consecuencia de demanda, requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que tengan la posibilidad de generarse de las obligaciones de propaganda activa por la parte de los sujetos obligados a efectuar exactamente las mismas".

En la propaganda activa se enfoca, de esta forma, este nuevo Plan de Control y también Inspección del Consejo de Transparencia que englobará los ejercicios 2023 y 2024, que se distribuye en tres líneas básicas de actuación y cuya ejecución va a tener presente la puesta en desempeño, por la parte de nuestra entidad que lo ha aprobado, de un cuestionario de evaluación de obligaciones de propaganda activa, que desde el mes de junio está libre en la web de este organismo.

Se quiere que esta herramienta sea "el medio por el que los sujetos inspeccionados trasladen la información sobre el cumplimiento de sus obligaciones", según se recopila en la resolución del Consejo de Transparencia sobre este plan de control y también inspección sobre propaganda activa vigente tras su publicación en el BOJA y hasta el 31 de diciembre de 2024.

La Línea 1 de actuación de este plan se apoya en la "verificación de la publicación de la información sobre altos cargos y personas que ejerciten la máxima compromiso en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales, ayuntamientos que sean capitales de provincia y otros ayuntamientos muy pueblos", específicamente, los que tengan una población mayor a cien.000 pobladores, que serían Dos Hermanas (Sevilla), Marbella (Málaga), Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz).

En su resolución, el Consejo de Transparencia protege que "la relevancia y extensión de las competencias desarrolladas por la Administración de la Junta de Andalucía justifican integrar a esta entidad en el ámbito de esta Línea, en tanto que la información a difundir podría ser de interés para la integridad de la ciudadanía andaluza", y "por exactamente los mismos fundamentos", se justifica la incorporación de las ocho diputaciones provinciales de la red social autónoma y de los convocados ayuntamientos capitales de provincia y con mucho más de cien.000 pobladores.

La Línea 2 del Plan se enfoca en la verificación de la publicación de las actas de las sesiones plenarias de las entidades locales, sobre esto de lo que el Consejo de Transparencia destaca que "el incumplimiento de esta obligación pertence a las mucho más denunciadas dada esta autoridad de control, así sea particularmente o en demandas de contenido mucho más extenso".

Este hecho, según el Consejo de Transparencia, "justifica la incorporación de esta línea de control, en tanto que, además de esto, hablamos de un tema de destacable importancia y también interés para la población andaluza, en tanto que una gran parte de los servicios fundamentales se presta por los ayuntamientos, mancomunidades, consorcios o entidades de administración descentralizada".

La actuación contemplada en esta línea "afectará a una exhibe azarosa de, por lo menos, veinte entidades locales andaluzas dentro en el Registro Andaluz de Entidades Locales y que no estén dentro" en la Línea 1, según aclara el plan del Consejo de Transparencia, que precisa que "la selección se va a hacer de forma proporcional al número de entidades que ya están en todos y cada provincia, más allá de que, en cualquier caso, se elegirá por lo menos una de cada provincia".

Por su parte, la tercera línea de actuación del Plan se va a centrar en revisar "el cumplimiento de las obligaciones de propaganda activa entre los sujetos obligados por percepción de subvenciones por importe mayor a cien.000 euros".

Al respecto, el Consejo de Transparencia precisa que la Ley de Transparencia Pública de Andalucía establece que habrán de estar sujetos a las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica una sucesión de actores como "las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades anotadas en el Registro de Entidades Religiosas, las corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades que perciban a lo largo del periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía mayor a cien.000 euros, o en el momento en que por lo menos el 40 por ciento del total de sus capital cada un año tengan carácter de asistencia o subvención pública, siempre y cuando alcancen por lo menos 5.000 euros".

Esta línea actuación "afectará a una exhibe de, por lo menos, diez sujetos obligados indicados previamente", que "se conseguirá de la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en relación a esos adjudicatarios de una única asistencia o subvención concedida con cargo al presupuesto de la Administración de la Junta de Andalucía, entidades locales andaluzas o su respectivo ámbito público institucional, a lo largo del ejercicio 2022".

El Consejo de Transparencia advierte de que, "si a consecuencia de la ejecución del Plan se advirtieran probables incumplimientos de la normativa de transparencia en temas de propaganda activa, se empezarán los que corresponden métodos para saber si ha rincón a que, en razón de lo predeterminado en el producto 23 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, el Consejo realice "requerimientos de subsanación de los nombrados incumplimientos".

"Sabiendo los desenlaces del Plan y de los métodos que tengan la posibilidad de haberse iniciado como resultado del mismo, la Dirección del Consejo va a poder dictar sugerencias de carácter general para el más destacable cumplimiento de las obligaciones de propaganda activa".

Finalmente, el Consejo, "en su condición de autoridad sin dependencia de control en temas de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía (...), va a poder pedir la colaboración de los sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones de propaganda activa a los efectos de que aporten cualquier información o documentación que les sea requerida para el avance y cumplimiento del Plan".