• sábado 4 de febrero del 2023

El Constitucional acepta a trámite el recurso de Unidas Podemos contra el decreto andaluz de los VTC

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SEVILLA, 24 Ene.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad que han anunciado miembros del congreso de los diputados y miembros del congreso de los diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común y de otros conjuntos parlamentarios, contra el Decreto-Ley 8/2022 de la Junta de Andalucía por el que se altera la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de transportes urbanos y metropolitanos de pasajeros en Andalucía, la regla que regula la convivencia entre el arrendamiento de automóviles de transporte de usuarios con conductor (vtc) y los taxis.

El Constitucional apunta que los recurrentes aducen que el mencionado Decreto-Ley podría incumplir el presupuesto de la excepcional y urgente necesidad (producto 86 de la Constitución De españa) y vulnerar la autonomía municipal (productos 137 y 140 de la Constitución), tal como la rivalidad estatal en temas de régimen jurídico de las Administraciones públicas y transportes terrestres (productos 149.1.18a y 21a de la Constitución).

El ponente de la sentencia que se dicte en su día se dicte va a ser nuestro presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Entre los "fundamentos de inconstitucionalidad" del decreto de la Junta que el recurso de Unidas Podemos, consultado por Europa Press, esgrime aparecen el "incumplimiento del presupuesto de la excepcional y urgente necesidad predeterminado en los productos 86 de la Constitución y 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía" para justificar la aprobación de este decreto, tal como la "vulneración de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada" (...) por "no atribuir competencias propias a los municipios ni abrir canales de participación en las ejercidas por la Junta de Andalucía".

Los miembros del congreso de los diputados recurrentes comprenden que con este decreto asimismo se ha producido una "vulneración de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada (...) por ser aprobado sin que los municipios hayan podido intervenir directa o de forma indirecta en su elaboración".

A estos fundamentos, quienes interponen el recurso agregan una cuarta parte dirigido "particularmente" al producto 18 bis, apartado 3, de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de transportes urbanos y metropolitanos de pasajeros en Andalucía, "en la redacción dada por el producto Único, apartado Dos, del discutido Decreto-ley 8/2022", al comprender que con él se genera una "vulneración mediata de las competencias atribuidas al Estado por el producto 149.1, apartados 21 y 18", de la Constitución, por "descartar la técnica de control previo o autorización en oposición a la legislación estatal de transportes y de patrimonio de las Administraciones públicas".

Frente a este recurso, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha defendido su decreto, tal como que esta regla "fortalece" las competencias municipales al entregarle la aptitud sancionadora y recaudatoria para la supervisión y control de las ocupaciones de los VTC.

Tras la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, desde la Consejería se tildó de "absurdo" que éste parta de partidos de otras comunidades que, a su juicio, "no deberían inmiscuirse en leyes de otras comunidades que ni conocen ni les afectan", y también insistió en proteger la legalidad del decreto, recordando además de esto que se está preparando el reglamento que lo lleva a cabo.

La Consejería que dirige Marifrán Carazo advirtió de que su tarea había sido desarrollar la idea legislativa impuesta por el real decreto-ley del que fuera ministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, y sobre esto se apuntó que "si el Estado hubiese amado prestar uniformidad en esta regulación, no debería haber generado esta descentralización de las competencias".

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