ALMERÍA, 7 de enero. El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un dictamen que señala la responsabilidad patrimonial de las administraciones locales por la inacción ante la "situación de riesgo" que enfrentó el menor Sergio, quien fue trágicamente asesinado por su madre, Ana María B.L., el 10 de octubre de 2019 en su hogar de Huércal de Almería. A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por su padre ante la Guardia Civil y las llamadas realizadas al Servicio de Protección del Menor en las semanas previas al desenlace fatal, las acciones adecuadas no se llevaron a cabo por las autoridades competentes.

El dictamen, fechado el 18 de diciembre y al que tuvo acceso Europa Press, otorga la razón al padre y considera parcialmente válida la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada contra la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Sin embargo, también se destaca la intervención de un segundo organismo, en este caso, los servicios sociales de la Diputación de Almería, que también desempeñaron un papel en esta lamentable situación.

Con base en las denuncias y la posterior muerte del menor, el CCA indica que "era evidente que concurría una situación de riesgo para la vida" de Sergio, un niño de solo siete años, lo que debería haber llevado a las administraciones competentes a adoptar de inmediato las "medidas cautelares necesarias", independientemente de que se hubieran denunciado los hechos ante el Ministerio Fiscal o los órganos judiciales.

El organismo andaluz resume que "ambas administraciones no actuaron a tiempo", distribuyendo las responsabilidades "en función de la acción u omisión de ambas instituciones". Por un lado, está la administración local, que tenía conocimiento directo de la situación del núcleo familiar, y por otro, la administración autonómica, que era responsable de tomar medidas para retirar al menor de esa situación de riesgo.

El Consejo Consultivo favorece la afirmación hecha por la familia paterna sobre la "pasividad" de los servicios sociales, dado que el padre había realizado "numerosas denuncias" que evidenciaban la "situación de riesgo" en la que el niño estaba bajo la custodia de su madre, quien fue condenada a prisión permanente revisable en abril de 2021 tras estos hechos fatales.

Asimismo, el reclamante enfatizó que no hubo intervención alguna por parte de los Servicios Sociales para proteger al menor, a pesar de que la propia asesoría jurídica de la Consejería de Inclusión Social reconoció que "era competencia de la Junta de Andalucía" la adopción de medidas para proteger a menores en riesgo.

Entre las medidas que debieron implementarse, además de la coordinación con los Servicios Sociales comunitarios, se incluía la "adopción inmediata de atención que el menor requiriera". El CCA también destacó que el padre había enviado varios avisos a la Administración, comenzando con una llamada al servicio de protección del menor el 24 de agosto, y continuando con más llamadas el 25 de agosto y los días 9, 15 y 23 de septiembre.

El Consejo Consultivo consideró que hubo tiempo suficiente para activar "cualquier protocolo de protección de menores en riesgo vital", y remarcó la "intensidad" del riesgo manifestado, argumentando que la insistencia del padre "debería haber resultado en una presunción de la veracidad de la situación de riesgo vital" en la que se encontraba el niño.

Además, las llamadas al servicio de protección del menor se vieron "reforzadas" por las distintas denuncias interpuestas por el padre ante la Guardia Civil, con fechas que incluyen el 14 de junio, el 8 de julio y los días 11, 12, 15 y 23 de septiembre de 2019.

La veracidad del riesgo denunciado por el padre fue corroborada cuando, tres días antes del asesinato, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería, a solicitud del Ministerio Fiscal, ordenó que la guarda y custodia del menor, inicialmente otorgada a la madre, pasara al padre, como destaca el Consejo Consultivo.

El CCA observa una evidente relación de "causalidad" en la falta de acción de la Administración, señalando que el funcionamiento de los servicios públicos no cumplió con "los estándares exigibles" y que fue "anómalo". Esto, lamentablemente, derivó en la producción del daño por el que se reclama, siendo evidente la conexión entre la inacción frente al riesgo y el daño ocasionado.

El Consejo ha determinado que la responsabilidad debe distribuirse entre las administraciones involucradas, asignando un 60% de la culpa a la Administración de la Junta de Andalucía, que fue "la competente para adoptar las medidas de atención inmediatas que el menor requería", y el 40% a la Diputación de Almería, que debía coordinarse con otros recursos de protección social.

Finalmente, el Consejo Consultivo considera "ajustada a derecho" la indemnización de 140.072,23 euros que se debe pagar al padre del niño, aunque dicha cifra deberá ser actualizada a la correspondiente al año 2024, y se requiere comprobar que el reclamante "no ha sido indemnizado o, en su caso, en qué cuantía", conforme a la ley de asistencia a víctimas de delitos violentos.