SEVILLA 13 Nov.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha revelado hoy que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se encuentra en la etapa final de recopilación de información requerida por la Oficina. Esta medida es parte de una investigación formal puesta en marcha tras la denuncia de importantes irregularidades en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región.

Maeztu compartió esta información durante un evento de Save The Children en Sevilla. Al expresar su preocupación por la "grave alarma social" provocada por los errores en la detección del cáncer de mama, pidió a la administración regional que proporcione "datos verificables" en lugar de información que no haya sido confirmada. La institución ya había manifestado su "consternación" y "profunda inquietud" por la situación, detallando su compromiso de esclarecer las razones, el impacto en la salud y las posibles repercusiones de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en el programa.

En sus declaraciones, destacó que es la primera vez en tres décadas que el programa se ve forzado a iniciar una investigación de esta naturaleza, no centrada en casos individuales sino de forma general, debido a que se han identificado solo cinco incidentes en años recientes. Maeztu argumentó que existen motivos suficientes para la alarma social generada y la necesidad de una reparación adecuada para las posibles víctimas.

El motor detrás de esta situación ha sido, según el Defensor, los relatos de mujeres afectadas y las protestas de la asociación Amama, además de la confirmación por parte de autoridades de la Consejería de Salud de que al menos 2.317 mujeres con resultados "no concluyentes" no habían sido informadas acerca de su estado tras realizarse mamografías.

"Voy a utilizar el tiempo que me queda para restaurar los derechos que han sido menoscabados y reparar los 'dolores' que esta situación ha causado", afirmó un Maeztu visiblemente afectado, añadiendo que no investigar sería ignorar el sufrimiento de las afectadas. Reconoció que este caso es probablemente una de las intervenciones más significativas que ha tratado la Defensoría en sus años de servicio.

La institución considera "especialmente grave" que las mujeres con hallazgos catalogados como "dudosos" no hayan sido informadas ni convocadas para continuar con el estudio o seguimiento necesario. "Esto podría afectar seriamente el derecho a la protección de la salud y violar la normativa sanitaria vigente sobre la información clínica", ha advertido.

El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que es un derecho de las pacientes conocer los resultados de cualquier examen diagnóstico, tal como indica la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La falta de comunicación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también puede traducirse en "pérdidas de oportunidades asistenciales y daños evitables".

En este contexto, ha solicitado a la Consejería de Sanidad y al SAS que le proporcionen información detallada en varios puntos. Primero, investiga las razones por las que ciertos resultados del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama no fueron comunicados adecuadamente.

Desea saber si esta omisión es parte de un protocolo establecido, de instrucciones internas o de otros criterios; si se aplica de manera uniforme en todo el sistema sanitario público o solo en determinadas instalaciones y, además, conocer cuántas mujeres han sido afectadas, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se consideraron comunicables.

En segundo lugar, el Defensor pide datos sobre la atención proporcionada a las mujeres con resultados no concluyentes. Para esto, solicita información sobre la carga de trabajo en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, tiempos de respuesta, cantidad de profesionales, incluidos radiólogos, y cuántas mujeres aún están esperando completar sus estudios diagnósticos, tanto del programa como de otros circuitos de atención.

El tercer bloque de información está relacionado con la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución desea saber si existen "mecanismos establecidos" para revisar los resultados y procedimientos, la frecuencia con la que se realizan desde 2022, y las mejoras o actualizaciones implementadas.

Asimismo, ha solicitado acceso a los informes de evaluación desde 2022 y a los indicadores registrados, además de averiguar qué acciones ha llevado a cabo la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si tiene una planificación vigente o si requiere un desarrollo normativo para cumplir sus funciones.