SEVILLA, 17 de diciembre. El Defensor del Pueblo Andaluz ha comenzado a investigar una grave situación en el sistema de salud andaluz, tras abrir una queja de oficio relacionada con el cribado del cáncer de mama. La alarma social se ha disparado después de que se revelara que más de 2.300 pacientes han estado involucradas en fallos significativos en el programa de detección precoz, según los datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Jesús Maeztu, actual Defensor del Pueblo en funciones, hizo pública su decisión el 16 de octubre, señalando la apertura de una investigación ante las serias irregularidades detectadas. Desde la institución se ha manifestado una profunda preocupación por la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres, lo que podría tener graves consecuencias para su salud.

La situación es especialmente inquietante, ya que Maeztu subrayó que es la primera vez en tres décadas que se inicia una investigación a gran escala sobre este programa, en contraste con los escasos cinco casos individuales tratados anteriormente. Destacó la urgencia y la necesidad de actuar debido a la inquietud de la ciudadanía y a las reconocidas falencias del sistema.

La queja ha cobrado fuerza a raíz de testimonios de mujeres afectadas y las declaraciones de la asociación Amama, quienes alertaron sobre la desinformación que sufrieron. Al menos 2.000 mujeres con resultados inciertos de sus mamografías no habían recibido información sobre su estado, lo que ha llevado al Defensor a tomar medidas decisivas ante esta realidad.

Maeztu se comprometió a dedicar sus esfuerzos a restablecer los derechos de aquellas afectadas y remediar el sufrimiento que han padecido. Reconoció que el dolor causado por esta situación es motivo suficiente para tomar cartas en el asunto y abordó el problema como uno de los más graves que ha enfrentado la institución a lo largo de su historia.

El Defensor del Pueblo defendió la imperiosa necesidad de restaurar la confianza en el programa de detección de cáncer de mama. Para lograrlo, la investigación tiene como objetivo esclarecer los fallos que se han manifestado, afirmando que es un "deber" resolver esta situación por el bien de todas las involucradas.

La gravedad de los hallazgos se ve reflejada en el hecho de que las mujeres que se encontraban con lesiones "dudosas" no fueron informadas ni convocadas para un seguimiento adecuado de su estado. Esta falta de comunicación no solo afecta a los derechos de las pacientes, sino que también podría poner en riesgo su salud y vulnera normativas sanitarias esenciales.

El Defensor subrayó que la Constitución y las leyes autonómicas reconocen el derecho de las pacientes a recibir información sobre sus diagnósticos. La falta de este derecho no solo es una violación, sino que también puede resultar en pérdidas de oportunidad para un tratamiento adecuado y generar daños prevenibles.

Por esta razón, ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS información detallada en varios aspectos. En primer lugar, pide aclaraciones sobre por qué no se comunicaron ciertos resultados del programa de detección precoz del cáncer de mama.

También desea saber si esta falta de comunicación responde a un protocolo establecido o a instrucciones internas, así como si se aplica en todo el sistema de salud pública o solo en centros específicos. Además, busca conocer el número de mujeres afectadas y el porcentaje correspondiente, ya sean por falsos positivos o por resultados que no se consideraron comunicables.

En segundo lugar, se requiere información sobre qué tipo de atención han recibido las mujeres cuyas pruebas resultaron dudosas, incluyendo datos sobre la carga de trabajo en los servicios de radiodiagnóstico, tiempos de respuesta y cuántas mujeres están a la espera de completar su diagnóstico, ya sea a través del programa o de otros circuitos asistenciales.

El tercer bloque de información se centra en cómo se gestiona y evalúa el Programa de Detección Precoz. El Defensor quiere saber si existen mecanismos establecidos para revisar los resultados y con qué frecuencia se han aplicado desde 2022. También está interesado en conocer las actualizaciones o mejoras realizadas en el programa y en qué áreas específicas.

Además, se solicita acceso a informes de evaluación desde el año 2022, así como a datos sobre indicadores registrados. El Defensor también planteó preguntas sobre el trabajo de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales, su planificación actual y la necesidad de un marco normativo para ejercer sus funciones adecuadamente.