SEVILLA, 16 de octubre. La figura del Defensor del Pueblo Andaluz, actualmente en funciones, Jesús Maeztu, ha tomado la decisión de abrir una investigación de oficio frente a las recientes revelaciones sobre fallos graves en el programa de detección temprana de cáncer de mama en la comunidad. La institución ha manifestado su profunda preocupación y consternación por estos acontecimientos, comprometiéndose a investigar las causas y efectos de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este importante programa de salud preventiva.

Maeztu ha señalado que esta es la primera vez en tres décadas que la entidad se ve forzada a emprender una investigación de gran envergadura en lugar de centrarse en casos aislados. Ha enfatizado que hay razones suficientes para abordar esta cuestión dada la alarma social generada, las condiciones reconocidas públicamente sobre las insuficiencias del programa, y la urgente necesidad de reparar los posibles daños que las mujeres afectadas puedan haber sufrido.

En un comunicado dirigido a la prensa, el Defensor ha explicado que la decisión de investigar se ha visto impulsada por los testimonios alarmantes de mujeres afectadas y las declaraciones de la asociación Amama. Además, responsables de la Consejería de Salud han confirmado que aproximadamente 2,000 mujeres con resultados "no concluyentes" no estaban al tanto de su situación al no recibir la información correspondiente a sus mamografías.

Desde su inicio en 1995, el programa de cribado de cáncer de mama ha realizado alrededor de 450,000 mamografías anuales a mujeres entre 49 y 71 años. El propósito de estas pruebas es detectar lesiones en etapas tempranas para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar tratamientos agresivos. Sin embargo, el Defensor ha expresado que los recientes hallazgos ponen en cuestión el principio básico del programa: garantizar la detección precoz asegurando una comunicación adecuada y Oportuna de los resultados.

La institución considera de suma gravedad que aquellas mujeres que han recibido hallazgos calificados como lesiones "dudosas" o no concluyentes no hayan sido informadas ni citadas para un seguimiento. Según Maeztu, esta falta de comunicación podría poner en riesgo el derecho a la protección de la salud y violar la normativa vigente en materia de información clínica.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha subrayado que la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 sobre Autonomía del Paciente reconocen el derecho de las pacientes a ser informadas sobre los resultados de sus pruebas diagnósticas. La falta de esta comunicación no solo infringe derechos, sino que también puede suponer una pérdida de oportunidades de atención médica y generar daños que podrían haber sido evitados.

En su requerimiento a la Consejería de Salud y al SAS, el Defensor ha solicitado información estructurada en cuatro bloques, comenzando por aclarar las razones detrás de la falta de comunicación de ciertos resultados en el programa de detección precoz de cáncer de mama.

Además, busca determinar si esta omisión se basa en algún protocolo, instrucciones internas, o criterios específicos, y si esto se aplica a todo el sistema de salud pública o solo a ciertos centros, haciendo énfasis en identificar cuántas mujeres han sido impactadas, ya sea por falsos positivos o por resultados no comunicados.

El segundo aspecto que se indaga abarca la atención brindada a las mujeres con resultados dudosos o no concluyentes. Se solicita información sobre la carga de trabajo en los servicios de radiodiagnóstico de hospitales públicos en Andalucía, sus tiempos de respuesta y el número de profesionales involucrados, incluidos radiólogos, así como cuántas mujeres todavía esperan completar su diagnóstico.

El tercer bloque de información se centra en la gestión y evaluación del Programa de Detección Precoz. Aquí, la entidad quiere saber si se han implementado mecanismos para revisar los resultados y procedimientos del programa desde 2022, con qué frecuencia se realizan estas evaluaciones, y qué cambios o mejoras han sido llevadas a cabo.

También se ha solicitado acceso a los informes de evaluación existentes y a los indicadores registrados hasta ahora, junto con información sobre las actividades de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, indagando si tiene una planificación en marcha o si necesita un marco normativo para cumplir su función.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha afirmado que actuará con la independencia y objetividad que requiere su responsabilidad, con el objetivo de realizar un análisis imparcial que lleve a conclusiones precisas y decisiones justas, protegiendo así los derechos de las mujeres involucradas y evitando que casos similares se repitan en el futuro.