Crónica Andalucía.

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El Defensor andaluz reclama una distribución justa de menores migrantes entre comunidades.

El Defensor andaluz reclama una distribución justa de menores migrantes entre comunidades.

La preocupación del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha hecho patente este lunes debido a la llegada masiva e improvisada de cientos de personas a las costas canarias en las últimas semanas. En especial, el enfoque se ha dirigido hacia la presencia de jóvenes y menores de edad sin la compañía de un adulto. En calidad de Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se ha unido a la petición de su homóloga en Canarias, exigiendo una acogida equitativa entre las distintas comunidades autónomas.

Para Maeztu, esta situación desborda los sistemas de acogida actuales y requiere la intervención tanto a nivel estatal como de la Unión Europea. Es imperativo proteger los derechos de estos menores, conforme a los distintos marcos jurídicos internacionales y nacionales. Por ello, se hace necesario establecer un sistema de acogida ordenado y equitativo, con los recursos adecuados y un reparto solidario entre las comunidades, adaptándose a las necesidades de cada región.

El Defensor ha expresado su respaldo a la diputada de Canarias que aboga por la colaboración entre defensorías del pueblo para facilitar la acogida de migrantes en la isla. La distribución de estas personas en diferentes comunidades autónomas aliviaría la presión sobre los servicios locales y favorecería una integración más efectiva y humana.

Jesús Maeztu ha recordado la experiencia de Andalucía como puerta de entrada de la migración, haciendo hincapié en la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria ante esta situación. En 2019, los Defensores del Pueblo autonómicos y estatal suscribieron la Declaración de Tarifa, donde se demandaba la defensa y protección de los menores migrantes no acompañados.

Una vez más, esta crisis se repite en Canarias sin haber logrado un consenso similar. El Defensor andaluz confía en la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para llevar a cabo el reparto de estos menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas, garantizando así una atención adecuada y justa para ellos.