• sábado 4 de febrero del 2023

El empresario del 'caso audioguías' afirma que la Alhambra le pagaba "mal y tarde": "Jamás me solicitaron comprobantes"

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GRANADA, diez Ene.

El empresario acusado en el llamado 'caso audioguías' de la Alhambra, en el que se están juzgando supuestas irregularidades en la adjudicación y administración del servicio de alquiler de audioguías del monumento --con un presunto perjuicio económico superior al millón de euros-- ha defendido este martes que se rigió "rigurosamente" por el contrato, tanto para fijar los costos del servicio para abonar el canon a la Alhambra.

Sin embargo, ha proclamado que en el momento de realizar las liquidaciones "jamás" le solicitaron desde el Patronato de la Alhambra los comprobantes con en comparación con número de audioguías que arrendaba como soporte reportaje del volumen de facturación que producía, incidiendo en que el Patronato pagaba "mal y tarde" y que más allá de que él tuvo deudas con el monumento a lo largo de la ejecución de este contrato, asimismo la Alhambra le "debía bastante dinero" por la prestación de otros servicios en el grupo monumental.

El gestor único de la compañía Stendhall Museum Solutions --a la que se adjudicó el servicio de audioguías-- ha proclamado este martes en la segunda sesión del juicio que ha arrancado en la Audiencia de Granada contra la excúpula de la Alhambra. Entre los acusados está la que fuera su directiva, María del Mar Villafranca, que dimitió en 2015 por este tema y que se encara a una solicitud fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de la misma la exsecretaria general del monumento.

La Fiscalía ha pedido para el empresario diez años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, tal como inhabilitación y una multa de un millón de euros. Le acusa de hacer, entre 2007 y 2011, la "sustracción" a la Alhambra de una parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos costes diferentes a los estipulados en el contrato y facturando en teoría menos gadgets de los que verdaderamente arrendaba, extremos todos ellos que ha negado el empresario.

A juicio del fiscal, tanto la directiva de la Alhambra como la asesora general del monumento en aquel instante presuntamente "dejaron" estas prácticas "perjudicando con seriedad los intereses del Patronato de la Alhambra y el Generalife" y "no realizaron actuación alguna para terminar a esta situación admitiendo a lo largo de todo el periodo de tiempo de avance del contrato la declaración de cantidades de alquileres inferiores a las reales" por la compañía.

En relación a esto último, el empresario ha justificado en el contexto de crisis de 2008, entre otros muchos causantes, el descenso del número de alquiler de audioguías que se causó en aquella época con relación a los datos que facturaba la previo adjudicataria.

El fiscal ha expuesto que, según lo concretado en el contrato para supervisar los capital por el servicio de audioguías, la compañía Stendhall Museum Solutions debía declarar el número períodico de alquileres de gadgets y la recaudación total a través de la presentación de las matrices de los talonarios numerados de billetes entregados a cada visitante u otro medio fehaciente, pero a su juicio no se realizó.

El empresario explicó que la compañía operaba con un sistema por el que hacía arqueos de dinero en cada modificación de turno, todos los días cerraban caja y tenían predisposición del Patronato los tiques, que se podían preguntar uno a la vez, entre otra documentación, aparte de llevar a cabo un volcado períodico de datos estadísticos.

"Para las liquidaciones jamás me solicitaron los comprobantes, se los podía haber vivido, naturalmente, no se pasó por un tema operativo, eran cientos y cientos de tiques", ha expuesto, reconociendo que fue un "fallo" el no haberlo hecho, pero insistiendo en que no se le solicitó y que todo podía consultarse todos los días en el mostrador del servicio de audioguías donde se guardaba, sin que se generaran en ese tiempo ninguna "inspección" a este respecto por la parte del Patronato.

El fiscal considera en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el que la compañía no aportase la documentación que se requiere para supervisar la facturación y que el resto de los acusados presuntamente no se lo demandaran dio sitio a un "nulo control de los capital reales de la adjudicataria y el consiguiente perjuicio económico" para el monumento, que fija en por lo menos 1,2 millones de euros "sabiendo que se ha partido de la contabilidad de la compañía y no de los datos reales de ventas".

En esta segunda sesión del juicio se ha cerrado la ronda de afirmaciones de los acusados con el que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra en 2 instantes diferentes, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el desarrollo como parte perjudicada y solicita prisión y también inhabilitación para él.

A lo largo de su declaración explicó que logró múltiples requerimientos a la compañía a fin de que presentase sus liquidaciones cada un año y pagara al monumento el canon predeterminado en los pliegos del contrato.

En 2009, frente a la iniciativa mantenida por la asesora general de la Alhambra de que por la parte de la compañía "se estaban declarando menos audioguías de las facturadas", se efectuó a lo largo de múltiples días un recuento desde los Palacios Nazaríes de los turistas que iban con estos gadgets para tener datos fiables que dejaran llevar a cabo una proyección estadística de lo que podía estar facturando. El estudio arrojó como resultado unas cantidades un tanto superiores de alquiler de audioguías a las que se encontraba declarando a la compañía, pero el acusado sostiene que estaban en el margen de fallo pensado en el muestreo.

En 2010, tras incorporarse nuevamente como jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, solicitó un informe de la situación de la sección y conoció en ese instante la deuda donde estaba el contrato de audioguías --la compañía debía al monumento mucho más de 600.000 euros-- trasladando a los trabajadores eficientes la necesidad de efectuar documentos contables que generaran obligaciones de pago, ya que hasta ese instante "solo había notas en una app informática". El juicio seguirá este miércoles con el comienzo de la ronda de presentes que comenzará a declarar en el juicio, que está señalado hasta el próximo 25 de enero.

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