El fiscal acusa al chófer de los ERE de ser la "financiación de drogas, alcohol y objetos antiguos" para Guerrero.

El fiscal acusa al chófer de los ERE de ser la

La Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves la sesión final del juicio sobre la pieza separada de la macrocausa de los ERE fraudulentos en Andalucía. En esta ocasión, se centró en el caso de Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y destinatario de casi 1,5 millones de euros en ayudas fraudulentas. Según el fiscal, Trujillo era el encargado de financiar los gastos de su jefe en cocaína, copas y antigüedades.

Las conclusiones y los informes finales de las partes involucradas fueron presentados durante la sesión final del juicio. Entre ellos se encuentran la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP, quienes ejercen como acusaciones; y las defensas de los acusados, que incluyen a Juan Francisco Trujillo, su esposa Juana Gallego, Isidoro Ruz Espigares y Antonio Albarracín.

Durante el juicio, Trujillo confirmó sus declaraciones previas en las que admitió haber utilizado las ayudas obtenidas fraudulentamente para comprar productos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa para su jefe, así como para consumo de cocaína y fiestas.

Según el testimonio de un agente policial que registró el domicilio de Trujillo en busca de pruebas, el acusado manifestó su intención de "contarlo todo" después de sentirse abandonado por sus superiores. Además, un testigo aseguró que el chófer recurrió a él en varias ocasiones para comprar cocaína en cantidades modestas.

El fiscal del caso afirmó que durante el juicio se demostró que Trujillo desvió los fondos públicos destinados a ayudas autonómicas para su beneficio personal, utilizando el dinero en gastos propios, inversiones especulativas y la adquisición de productos de lujo. También señaló que parte de estos fondos fueron desviados ilegalmente para una póliza de seguro ficticia a nombre de la madre de Trujillo.

En relación a Albarracín, el fiscal declaró que "consintió" en contratar a una persona sin experiencia relevante en la empresa Vitalia, donde trabajaba Guerrero, y que era conocida por proporcionar cocaína a Trujillo. Respecto a Ruz Espigares, el fiscal descartó su alegación de desconocimiento sobre el fraude, ya que tenía experiencia en la gestión de empresas y creó una sociedad beneficiaria de una de las ayudas dos meses después de la firma del convenio.

En cuanto a la devolución de los fondos por parte de la esposa de Trujillo, el fiscal afirmó que no se ha acreditado dicha devolución y destacó la complejidad del entramado económico del matrimonio.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal solicitaba penas de prisión de 14 años para Trujillo, 6 años y 3 meses para Ruz Espigares, y 6 años para Albarracín. Sin embargo, en la fase de conclusiones, el fiscal modificó sus peticiones al reconocer la atenuante simple de dilaciones indebidas, reduciendo la pena solicitada para Trujillo a 10 años y 3 meses de prisión.

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