• domingo 5 de febrero del 2023

El Gobierno acuerda recurrir en el Constitucional el decreto de la Junta sobre revisión de costes de contratos de proyectos

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SEVILLA/MADRID, 27 Dic.

El Consejo de Ministros anunció este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra ciertos preceptos del Decreto-ley de la Junta de Andalucía 4/2022, de 12 de abril, que acordó medidas en temas de revisión inusual de costos en los contratos públicos de proyectos desarrollandose de las medidas que había pensado, por su parte, el Gobierno.

Según ha argumentado el Gobierno de la Nación, que asimismo ha recurrido un decreto afín de la Comunidad de Aragón, la idea de Andalucía procuran prolongar la app de la revisión inusual sosprechada por el Gobierno a otros contratos y a otros teóricos no contemplados en el decreto del Estado.

La normativa estatal solo dejaba "únicamente en los presuntos que se contemplan en este Real Decreto-ley", una revisión inusual de los costos de los contratos de proyectos del campo público, con la oportunidad de que las comunidades autónomas aplicasen la medida sí de esta manera lo acordaban.

El Gobierno invoca el producto 161.2 de la Constitución en su recurso para conseguir la suspensión de los preceptos impugnados y considera asimismo que no solamente se expone una lesión competencial sino más bien el peligro de infringir el derecho de la UE.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía puso de manifiesto sus "inquietudes" sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, que aprobó el Consejo de Gobierno el 12 de abril.

El aparato jurídico que asesora al Gobierno andaluz expone en su informe al Decreto-ley 4/2022 que "albergamos inquietudes que se relacionan con la rivalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el momento de aprobar reglas con rango de ley que logren no respetar, o exceder, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa", según la documentación a la que tuvo ingreso Europa Press.

La conclusión a la que llegó el aparato jurídico autonómico es que "la incorporación de ciertas medidas destacadas puede suscitar inquietudes sobre la constitucionalidad del boceto de decreto-ley".

Los juristas autonómicos esgrimieron que "desde la perspectiva de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente demandados, debería hacerse en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para realizar en oposición al incremento del precio de las materias primas".

El Gabinete Jurídico propuso que "más allá de que los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre rivalidad de los probables licitadores, las medidas que nos llenan tienen la posibilidad de producir un trato muy distinto a los distintos contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos".

"Hablamos de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional", mantuvieron los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para finalizar que "la verdad y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la específica materia de la revisión de costes que nos logre arrojar luz bastante para lograr calibrar qué es básico y qué no es así en esta materia".

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