El Gobierno acusa a Andalucía de deterioro en regulación de pisos turísticos tras sentencia del Supremo

La Junta de Andalucía denuncia un impacto negativo en su reputación debido a la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el registro único de pisos turísticos. Entre 2024 y mayo de 2026, se han cancelado más de 15.300 inscripciones tras reforzar las inspecciones turísticas.

El consejero en funciones de Turismo, Arturo Bernal, critica la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda ante la resolución judicial y demanda una mayor coordinación institucional. La sentencia ha puesto en duda la eficacia de un modelo que, según la Junta, no ha logrado detectar ilegalidades ni mejorar la regulación del sector.

El conflicto refleja las tensiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en materia de regulación turística. La Junta apuesta por conectar plataformas digitales y compartir datos para garantizar un control eficaz sin duplicar funciones, respetando las competencias autonómicas.

Por su parte, el Gobierno central mantiene que la regulación corresponde a Vivienda, y que las valoraciones sobre viviendas ilegales deben realizarse desde ese ámbito. La controversia subraya las discrepancias sobre el marco normativo y la gestión del turismo en Andalucía.

Este enfrentamiento político se enmarca en el debate sobre la descentralización y la coordinación en la gestión del sector turístico. La Junta insiste en la necesidad de un sistema robusto y colaborativo para afrontar la ilegalidad y mejorar la regulación futura.

De cara al futuro, la resolución podría implicar una revisión de los mecanismos de control y una mayor interlocución entre administraciones. La apuesta por la digitalización y la cooperación será clave para fortalecer la regulación del mercado turístico en Andalucía.