Crónica Andalucía.

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El Gobierno asigna 194,82 millones de euros a Andalucía para potenciar el empleo agrario.

El Gobierno asigna 194,82 millones de euros a Andalucía para potenciar el empleo agrario.

En Sevilla, hoy 7 de mayo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, lideró la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), donde se aprobó un presupuesto de 194,82 millones de euros para el nuevo marco 2024-2025. Este dinero se destinará a cubrir los costos salariales de los trabajadores del programa, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, manteniendo la misma cifra que en el periodo anterior.

El encuentro, que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Andalucía, también sirvió para hacer seguimiento del PFEA actual, que abarca las obras realizadas desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, con un total de 1.816 actuaciones. Esto ha ayudado a que la población no abandone sus pueblos y ha contribuido a asegurar ingresos dignos a través de contratos de obras en la mayoría de municipios andaluces.

Fernández destacó que el Programa, derivado del Plan de Empleo Rural, es vital para el crecimiento económico de Andalucía al evitar la migración de la población del interior y mejorar la calidad de vida en esos entornos.

El PFEA aborda proyectos de interés general y social, junto con iniciativas de inversión de diferentes entidades públicas, en municipios andaluces mediante la contratación de trabajadores desempleados, principalmente eventuales agrarios. Además de la aprobación de fondos, se sumarán las aportaciones del resto de administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para la adquisición de materiales.

La asignación de créditos se basó en la demanda y oferta de empleo en el sector agrario, considerando también los créditos asignados en el año anterior.

Una vez aprobado el presupuesto, los subdelegados y subdelegadas convocarán las comisiones provinciales para que los ayuntamientos presenten los proyectos de 2024-2025. Las administraciones locales serán responsables de determinar las actividades que generarán empleo en sus municipios en consulta con los interlocutores sociales.