El Gobierno critica a Moreno por rechazar acusaciones penales en los contratos del SAS ante previa advertencia judicial.
SEVILLA, 29 de diciembre. En un nuevo enfrentamiento político, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha lanzado duras críticas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su rechazo a reconocer la posibilidad de un reproche penal en la gestión de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo procedimientos de urgencia. Fernández ha señalado que resulta "muy grave" que se declare públicamente que se ha consultado con magistrados para determinar la existencia de irregularidades, sugiriendo que esta actitud es irresponsable e inaceptable.
Durante sus declaraciones en la Cadena Ser, el delegado del Gobierno hizo hincapié en la necesidad de aguardar el pronunciamiento del poder judicial, pero no pudo evitar calificar de "absolutamente ligero y poco respetuoso" el comentario de Moreno sobre haber recibido asesoría de jueces respecto a posibles irregularidades administrativas, excluyendo las penales. "Es una forma de proceder muy errónea por parte de la Junta de Andalucía", enfatizó Fernández, subrayando su desacuerdo con cómo se manejan los fondos públicos en el ámbito autonómico.
El delegado no se mostró inclinado a hacer juicios definitivos sobre la causa, aunque sí manifestó su preocupación por la gestión del dinero público, que a su juicio se maneja con demasiada ligereza, propiciando beneficios a la sanidad y educación privadas. Reiteró la importancia de esperar la resolución del procedimiento judicial en curso.
En otro tema, al hablar sobre las inversiones hidráulicas planificadas para 2025, Fernández dejó claro que habrá un incremento en la inversión, resaltando que desde 2018, Andalucía ha recibido un total de 2.000 millones de euros destinados a esta área. Explicó que se seguirán realizando obras que aseguren el abastecimiento hídrico, en respuesta a las necesidades creadas por la sequía, citando proyectos como el túnel de San Silvestre en Huelva y la presa de Rules.
Además, destacó un considerable respaldo financiero de más de 500 millones de euros para la modernización y digitalización de los sistemas de riego en la región. "Estamos ante una inversión histórica", concluyó Fernández al referirse a la política hídrica del Gobierno en Andalucía.
El estudio del narcotráfico en Andalucía también fue tema de su análisis. Fernández observó que, aunque el impacto del narcotráfico ha disminuido considerablemente en la costa andaluza, se ha reubicado en ciertas áreas, como a lo largo del río Guadalquivir, especialmente en la franja que comprende desde Huelva hasta el Algarve portugués, al igual que en la costa de Almería. Según él, este cambio en la dinámica del narcotráfico se ha logrado gracias a la intensa labor de las fuerzas de seguridad desde 2018.
Reconoció que los narcotraficantes han mejorado sus capacidades en términos de armamento y recursos, señalando que este fenómeno se ha globalizado. En este contexto, adelantó que se llevará a cabo una cumbre "muy importante" en Cádiz, referida como la cuarta reunión de la coalición contra el crimen organizado. En relación a las operaciones de narcotráfico en áreas deterioradas, como las Tres Mil Viviendas, Fernández hizo hincapié en la existencia de muchas personas honradas y trabajadoras en dicha comunidad.
Finalmente, el delegado del Gobierno proyectó un futuro esperanzador para 2025, considerándolo un año clave en el desarrollo de infraestructuras en Andalucía. Mencionó avances esperados en el ámbito ferroviario en localidades como Granada y Almería, mejoras en el Cetedex de Jaén y en la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, así como el esperado AVE que unirá Sevilla con Huelva. Afirmó que este año traerá inversiones significativas para garantizar que en 2030 la S-40 en Sevilla esté totalmente finalizada y operativa.
Cuestionado sobre la posibilidad de un acuerdo relacionado con Gibraltar con Londres, Pedro Fernández se mostró "optimista", anticipando que se podrían firmar acuerdos en 2025 que facilitarían la normalización y el desarrollo de un espacio compartido de prosperidad, tal como se había planteado desde el inicio de las negociaciones.
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