El Gobierno discrepa de la Ley andaluza de Función Pública y busca llegar a un acuerdo con la Junta para evitar un recurso al TC.
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar negociaciones para resolver discrepancias en torno a la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía. Estas discrepancias se centran en nueve artículos y cuatro disposiciones de la mencionada ley, aprobada por el Parlamento andaluz con los votos del PP-A y el PSOE-A y con el rechazo de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Según un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las discrepancias abarcan temas como las retribuciones durante permisos, el régimen de la Seguridad Social, las prestaciones por incapacidad temporal y la clasificación profesional del personal funcionario.
El Gobierno ha expresado también su desacuerdo con los principios generales de provisión de personal funcionario, la movilidad temporal y estructural, el servicio en otras administraciones públicas, la excedencia por cuidado de familiares y la excedencia por razón de violencia de género. Además, discrepan con las disposiciones adicionales relacionadas con los cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, la clasificación profesional del personal docente y del personal del Servicio Andaluz de Salud, el control de la temporalidad en el empleo público y los procesos de estabilización de empleo temporal.
En este sentido, se ha acordado iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer soluciones a estas discrepancias. Además, se ha comunicado este acuerdo al Tribunal Constitucional y se ha insertado en el BOE y en el BOJA. Este proceso se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite interponer un recurso de inconstitucionalidad tras cumplir ciertos requisitos, como la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación y la adopción de un acuerdo para resolver las discrepancias.