En Madrid, el pasado lunes, Manuel José García Alconchel, quien se desempeñó como exdirector de la zona sur de Acciona Construcción en España, compareció ante el juez en el marco del conocido 'caso Koldo'. Durante su declaración como imputado, García Alconchel trató de eludir la responsabilidad por una colaboración con la empresa Servinabar, asociada con Santos Cerdán, señalando que esta decisión fue tomada por su superior, Justo Vicente Pelegrini, quien también se encuentra bajo investigación. Además, al ser cuestionado sobre la contratación del cuñado del exdirigente socialista como peón, García Alconchel afirmó que dicho individuo carecía de medios para llegar a la oficina, lo que obligó a su equipo a proporcionar transporte. Esta afirmación provocó una reacción casi burlona por parte del juez Leopoldo Puente.

El magistrado que investiga el caso ha acusado a García Alconchel, junto con Pelegrini y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la empresa, de estar presuntamente implicados en irregularidades relacionadas con adjudicaciones de obras públicas. Estas denuncias se inscriben dentro de los supuestos sobornos que actualmente están siendo analizados en el 'caso Koldo'.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su atención en múltiples proyectos asignados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que conecta a Acciona con Servinabar, la cual se encuentra en el centro de la investigación. Se han planteado vínculos entre esta firma y figuras como Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el asesor Koldo García.

De acuerdo con el testimonio de García Alconchel, la decisión de colaborar con Servinabar no fue suya, sino de Pelegrini, quien había firmado el acuerdo marco en 2015. García Alconchel mencionó que, al comenzar a laborar en los proyectos en 2018, Servinabar ya había superado toda evaluación necesaria y mantenía acuerdos con la constructora. Fue su superior quien le informó sobre la colaboración con esta empresa en particular.

El exdirector se distanció de cualquier implicación en la selección de Servinabar, asegurando que no tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de sus requisitos. Describió cómo se vio obligado a firmar el Memorándum de Entendimiento (MoE) para el Puente Centenario de Sevilla tras recibir instrucciones de Pelegrini, quien le había hablado acerca de la cooperación previa.

García Alconchel también explicó que, al igual que en la obra delPuente Centenario, se firmó un MoE para la construcción del puerto de Kenitra en Marruecos, pero nuevamente destacó que esta decisión fue validada por Pelegrini. Según él, el acuerdo con Servinabar tenía especial relevancia, ya que ofrecía la posibilidad de facilitar inversión.

Fuentes cercanas al proceso destacaron que García Alconchel aclaró que ninguna de las dos obras se ejecutó con Servinabar. El proyecto del Puente Centenario se vio obstaculizado por retrasos que hicieron que caducara el MoE. En cuanto al puerto de Kenitra, el proyecto fue finalmente desestimado.

Sin embargo, reconoció que en una tercera obra, el acceso al Puerto de Sevilla, Servinabar sí participó, aunque en este caso no se requirió un MoE debido a la naturaleza de emergencia del proyecto.

A lo largo de su declaración, García Alconchel negó cualquier irregularidad en los contratos en los que participó. Sobre el porcentaje del 2% que Servinabar cobraba por obra, defendió que esta cifra es habitual dentro del sector para las UTEs.

La Guardia Civil ha hecho hincapié en que Servinabar recibió al menos 6.707.294,67 euros, que representan el 75% de sus ingresos durante el periodo de la investigación, que alcanzan un total de 8.903.903,18 euros.

García Alconchel afirmó que Muñoz Cano fue contratado para el Puente Centenario, aunque posteriormente ejerció funciones de supervisor de seguridad en el proyecto del acceso al puerto, para lo cual se le proporcionó formación adecuada.

El juez mostró sorpresa al descubrir que una persona inicialmente contratada como peón se encontraba luego supervisando otra obra, a lo que García Alconchel explicó que esas tareas suelen ser subcontratadas y que la empresa no contaba con personal para ello.

Asimismo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, indagó sobre un mensaje enviado por el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, quien contactó a García Alconchel en diciembre de 2019 para coordinar el transporte del cuñado de Cerdán. García Alconchel aclaró que aunque ordenó que alguien de su equipo lo recogiera, no fue él quien realizó el traslado.

El juez Puente destacó lo peculiar de la situación, que Acciona buscara a Servinabar en dos ocasiones para proyectos en Sevilla, a pesar de que esta empresa no contaba con los medios necesarios para operar adecuadamente. Esta circunstancia llevó al juez a expresar su incredulidad, indicando que era casi cómico.

García Alconchel reafirmó que, en el momento en que firmó el MoE para las obras del Puente Centenario y del acceso al Puerto de Sevilla, Servinabar ya se había establecido como un socio de trabajo habitual. Aclaró que no conocía personalmente a Cerdán, ni a su cuñado, y también negó tener conexión previa con Ábalos o Koldo.