ALMERÍA, 25 de noviembre.

Una reciente investigación judicial ha levantado serias sospechas sobre un esquema de corrupción en la Diputación de Almería, implicando a figuras clave como el expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez. Se les acusa de haber participado activamente en la gestión de contrataciones que, según se estima, reportaron un beneficio ilícito de casi un millón de euros mediante el cobro de comisiones ocultas a raíz de un contrato millonario para la compra de mascarillas y otros materiales sanitarios.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ordenado registros tanto en la sede de la Diputación como en los domicilios de los implicados, que incluyen al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, su hijo y un funcionario de la institución. Este operativo busca esclarecer las circunstancias que rodean la adjudicación de un contrato en abril de 2020, en el pico de la crisis sanitaria por el COVID-19.

De acuerdo con el documento judicial de 66 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el mencionado contrato se convierte en el eje de la investigación. Detalla el uso de un lenguaje encriptado en las comunicaciones entre García, Giménez y otro exvicepresidente, Óscar Liria, con el objetivo de disfrazar sus encuentros y negociaciones sobre estos contratos públicos.

En el marco de su investigación, el juez ha encontrado varios ejemplos de un vocabulario específico, aparentemente relacionado con la odontología, que indicaría un trasfondo de irregularidades. En varias ocasiones desde 2017, los acusados habrían hecho referencia a "limpiezas" y "empastados" en un contexto que se aleja de su significado literal, sugiriendo que se referían a ‘mordidas’ en sus tratos.

El juez ha advertido que las conversaciones entre los implicados eran recurrentes y que esta terminología inusitada se utilizaba en un entorno claramente desconectado del contenido real de las charlas, que giraban en torno a licitaciones públicas. Tal uso de un lenguaje absurdo pone en evidencia la naturaleza fraudulenta de sus actividades.

Asimismo, el instructor señala indicios claros de la implicación de Javier Aureliano García en el supuesto entramado delictivo, apuntando a un mensaje de WhatsApp que envió a Giménez y Liria con un emoticono relacionado con un diente justo después de la firma del contrato de compra de material sanitario, sugiriendo urgencia y un conocimiento del proceso que despierta sospechas aún mayores.

En este contrato, la empresa Azor Corporate Ibérica, vinculada a uno de los detenidos, Kilian López, se benefició de un sobrecoste significativo, que fue de un 42,27%. Giménez, quien fue el artífice de adjudicar sin publicidad este contrato a una empresa carente de experiencia en el ámbito sanitario, está en el centro de la investigación que también sugiere pagos de dinero en efectivo que podrían indicar blanqueo de capitales.

Además, se ha detectado una alarmante actividad financiera por parte de García, quien supuestamente ha manejado dinero en efectivo para cumplir con sus obligaciones hipotecarias, lo que ha llevado a los investigadores a concluir que hay un probable trasvase de fondos de origen ilícito a través de cuentas de familiares.

El instructor ha puesto de manifiesto no solo el uso de empresas de fachada para la obtención de contratos públicos, sino también la posibilidad de que estas se hayan utilizado para canalizar pagos y comisiones ilícitas, involucrando así a varios cargos políticos y sus allegados en un entramado de corrupción más amplio.

De acuerdo con la evidencia recopilada, no se puede descartar la complicidad de otros funcionarios de la Diputación, lo que apunta a un sistema de corrupción bien orquestado en el que las adjudicaciones de contratos no eran incidentes aislados, sino un modus operandi establecido para lucrarse a expensas del erario público.

La investigación sigue su curso con un ojo en las actividades de varias empresas vinculadas a los acusados, tras haberse identificado la presunta connivencia de algunos funcionarios en la manipulación de procesos de selección y propuestas económicas, lo que alimenta la preocupación sobre la integridad de las prácticas de contratación pública en la región.