SEVILLA, 26 de noviembre. En un giro significativo en el panorama judicial andaluz, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, centrado en la investigación de la denuncia presentada por el Grupo Socialista del Parlamento contra el Gobierno de Juanma Moreno, está a punto de experimentar un cambio importante en su liderazgo. Esta investigación gira en torno a acusaciones de malversación y prevaricación en la asignación de aproximadamente 300 millones de euros a clínicas privadas, a través de contratos de emergencia sanitaria que se activaron bajo la normativa excepcional dictada por la pandemia de Covid-19.

La falta de un juez titular en esta instancia se ha hecho evidente, pues actualmente está supervisada por un magistrado de adscripción territorial, designado por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para abordar situaciones en las que se requiera su intervención. Este estado de cosas ha creado un ambiente de incertidumbre en torno a cómo se desarrollará la investigación en curso.

Es importante destacar que el juez en funciones ha emitido citaciones a figuras clave en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), como la actual directora gerente, Valle García, y sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Además, ha solicitado que se le entreguen los expedientes relacionados con los procedimientos de emergencia que fueron tramitados entre los años 2021 y 2023, lo que indica una búsqueda rigurosa de la verdad en medio de las serias acusaciones.

La plaza de juez titular del Juzgado de Instrucción número 13 ha salido a concurso y, de acuerdo con el TSJA, el catedrático actual del Juzgado de Primera Instancia número 23 ha sido quien ha solicitado esta posición. Gracias a su antigüedad, le corresponde esta función, y por lo tanto, ha sido asignado a esta plaza de manera provisional mientras se completa el proceso correspondiente.

Se espera que la asignación de este nuevo juez titular sea confirmada de manera "definitiva en breve". El TSJA ha afirmado que tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el magistrado asumirá oficialmente el cargo, lo cual está proyectado para que ocurra en el mes de enero. Este cambio en la dirección del juzgado es un paso crucial en la totalidad del proceso judicial que rodea la denuncia del PSOE y podría tener repercusiones importantes en la administración de la justicia en la región.