• miércoles 05 de octubre del 2022

El juez excluye al exconsejero Antonio Fernández de la parte de los ERE de González Byass al no llegar a cobrar ayudas

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SEVILLA, 14 Jul.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un coche en el que acuerda proseguir como trámite abreviado las diligencias anteriores consecutivas contra seis personas investigadas en una parte separada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) centrada en las supuestas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un precio de, cuando menos, 19.757.235,14 euros a la compañía González Byass S.A. y a su asociación de ex- trabajadores. Por contra, excluye al ex- asesor de Empleo Antonio Fernández por el hecho de que, si bien fue incluido en el ERE, "no llegó a cobrar las ayudas".

Como informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una publicación oficial, en un coche notificado este jueves a las partes, el magistrado toma esta resolución "por si acaso los hechos denunciados tengan la posibilidad de ser constitutivos" de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad reportaje, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones presentadas a fin de que, en el período de veinte días, pidan la apertura del juicio oral elaborando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Los seis investigados en esta parte separada del caso ERE son el ex- directivo general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera; un directivo de la mediadora Uniter y 4 integrantes del Comité de Empresa de González Byass y representantes de la referida asociación de ex- trabajadores, entre los cuales, por su parte, era secretario de Acción Sindical de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Cádiz. El instructor acuerda seguir las diligencias anteriores como trámite abreviado, en calidad de causantes civiles subsidiarias, contra las entidades Uniter, Cureña, Asociación de Antiguos Trabajadores 11 de Abril de 2008, Federación Agroalimentaria de CCOO de Andalucía y Confederación Sindical de CCOO, tal como contra González Byass en calidad de partícipe a título lucrativo.

El magistrado enseña que "es imposible depurar" la viable compromiso penal ni seguir el trámite por su participación en estos sucesos contra el ex- asesor de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex- directivos en general de Trabajo Francisco Javier Guerrero --ahora fallecido-- y Juan Márquez, ya que "ahora habrían sido imputados por la perpetración de esos en el trámite abreviado relativo a la ilicitud penal del llamado trámite concreto instaurado para llevar a efecto la ilegal concesión de ayudas por la parte de los causantes de la Junta", siguiendo de esta forma el método de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

En este sentido, el juez precisa que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que fue trabajador de la compañía, figuraba entre los asegurados de la póliza de seguro de rentas adjuntado con el resto de trabajadores damnificados por el ERE, "más allá de que no consta su firma en el folleto de adhesión" y "no habría percibido rentas a cargo de esta póliza de seguros", con lo que, "al no ser beneficiario directo de las ayudas, habría de quedar excluido de la presente causa", y todo ello de conformidad con lo resuelto por la Audiencia Provincial.

El magistrado señala, de otro lado, que "no concurren" en Daniel Alberto Rivera "exactamente las mismas situaciones sustantivas o procesales que las que recaen sus predecesores en el cargo" de directivo general de Trabajo, agregando que su exclusión de esta causa, "en cuenta a exactamente los mismos fundamentos por los que en su instante se excluyó" a Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, "no tiene la posibilidad de tener acogida por la fácil razón de que Rivera no fué enjuiciado en la causa del llamado trámite concreto".

En esta situación, "concurren sólidos rastros de los que se desprende que a lo largo de su orden como directivo general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y hicieron, de forma injusta y arbitraria, distintos pagos de ayudas y subvenciones ilegales". En el coche, el magistrado precisa que el objeto de esta parte separada del caso ERE "lo forma la supuesta ilicitud de las ayudas sociolaborales o inusuales facilitadas" entre los años 2008 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a la mercantil González Byass y a su asociación de ex- trabajadores, ascendiendo el importe de estas ayudas o subvenciones "arbitrariamente" concedidas por la Junta a la suma de, cuando menos, 19.757.235,14 euros.

El juez apunta que estas ayudas "habrían tenido por objeto financiar las secuelas del despido de los trabajadores prejubilados damnificados por el ERE" de la mercantil de 2008 a través de la financiación de un seguro de rentas, "según el contenido del Protocolo de Colaboración suscrito entre la Dirección General de Trabajo y la referida asociación, el que fue firmado exactamente el mismo día que el acuerdo para la extinción de tales contratos de trabajo y de antemano a la aprobación de tal ERE".

La asociación "fue beneficiaria de fondos públicos de la Junta para la financiación de un seguro de rentas designado a financiar las secuelas del despido de los damnificados por el ERE por importe de --por lo menos-- 19.757.235,14 euros; y a lo largo de los años 2009 y 2010 percibió, ajeno de todo trámite, fondos públicos por importe de 209.450 euros y 500.000 euros, respectivamente". Así, fue a inicios del año 2008 en el momento en que la compañía comunicó a los representantes de sus trabajadores la intención de acometer un ERE, tal es así que, frente este planteo, los 4 integrantes del Comité de Empresa investigados "lograron conseguir unas supuestas subvenciones públicas, de manera arbitraria y también injusta", subvenciones que "habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente a través de negociaciones verbales, ajeno de cualquier atisbo de propaganda y de espaldas al trámite legalmente predeterminado".

El juez cree que se deduce que las ayudas analizadas "carecerían de objeto definido y preciso, se llevaron a efecto de manera injusta y arbitraria prescindiendo del trámite legalmente predeterminado y sin observancia de los ajustables principios de propaganda, concurrencia y objetividad", a eso que se aúna que se concedieron por el pertinente directivo general de Trabajo "sin rivalidad para esto, sin resolución alentada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos precisos para su obtención, sin que se justificase de ningún modo el carácter inusual de la pertinente asistencia, sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos".

El magistrado, también, asegura que las subvenciones se concedieron "sin análisis económico que pusiese de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las situaciones del beneficiario (en especial en lo referente a que la compañía González Byass no tuviese aptitud económica para realizar frente, en todo o en parte, a las reivindicaciones económicas de sus trabajadores derivadas del plan de viabilidad de la compañía, que acabaron siendo asumidas -en su mayor parte- por la Junta de Andalucía".

El juez apunta que "no se habían anunciado por la Junta ni existían bases reguladoras para el otorgamiento de esta clase de subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo", tal es así que "no constaba la presencia de alguna regla donde se publicitasen estas ayudas y se estableciesen los criterios de selección de los adjudicatarios, tal como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a otorgar para la financiación del coste de la salida de los trabajadores de la compañía, con lo que el sistema escogido por la Consejería de Empleo para saber tanto a la compañía escogida como los importes a financiar habrían sido total y completamente discrecionales".

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