MÁLAGA, 5 Mar.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene pensado empezar el martes día 7 la etapa de prueba y afirmaciones de acusados en el juicio del caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en la ciudad malagueña de Estepona y lo realiza con el bloque relativo a la investigación de las actuaciones en temas de especialidad urbanística.

De este modo lo han afirmado fuentes judiciales, quienes han correcto que este bloque, entre los diez en los que se ha dividido la visión oral, ocupará las tres sesiones previstas para esta próxima semana --específicamente los días 7, 8 y 9 de marzo--.

El trámite se inició en 2007, hace 16 años, y en este momento hay prácticamente 50 acusados, entre ellos el alcalde de tal concejo, el exsocialista Antonio Barrientos, una vez que se haya retirado la acusación para varios de los procesados en el trámite de cuestiones anteriores y otro haya llegado a un principio en concordancia.

En el bloque por el que comienza la prueba, por el que el fiscal acusa solo al exalcalde socialista, se examinan los expedientes de infracciones administrativas en el Ayuntamiento, la mayor parte similares con especialidad urbanística, estimando que Barrientos "ignoró adrede los listados de expedientes atentos" y también logró "ni caso a las consecutivas observaciones del tesorero municipal".

La acusación pública apunta en su escrito inicial, al que tuvo ingreso Europa Press, que los expedientes han comenzado "apropiadamente", se aportaron en prácticamente todos las situaciones reportes profesionales y comunmente contenían decretos de suspensión de proyectos o requerimientos. Pero, "desde ahí se paraba sistemáticamente la tramitación hasta el momento en que transcurrían los plazos de caducidad".

La Fiscalía apunta que "para almacenar las apariencias se reiniciaron varios expedientes ahora caducados, pero salvo en temas puntuales jamás recayeron resoluciones de fondo, ya que a los trabajadores de los servicios administrativos de Urbanismo se les había ordenado o sugerido que se abstuvieran de impulsar estos métodos".

Según el ministerio fiscal, a causa de esto de 2003 a 2008 se resolvieron "únicamente 13 de los 507 expedientes de restablecimiento de legalidad, sin que en ninguno va a llegar a ejecutarse la resolución de demolición o restauración de la legalidad". De los 95 expedientes sancionadores "solo se acabaron cinco, con sanciones que sumaban 1.076.824,36 euros, que sí se ejecutaron".

La investigación del caso 'Astapa' empezó a causa de una demanda presentada por 2 ediles, David Valadez --que entonces fue alcalde-- y Cristina Rodríguez--, los dos del PSOE, capacitación que regía entonces la ciudad adjuntado con el Partido de Estepona (PES).

La Fiscalía Anticorrupción pide en un inicio para Barrientos una lástima de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de tiempo de 38 años y multa, acusado por los presuntos delitos de falsedad, estafa, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además de esto, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces integrantes del PSOE y del Partido de Estepona; tal como hombres de negocios y gobernantes. También aparecen compañías como causantes civiles subsidiarias y otra gente como supuestas causantes civiles a título lucrativo.

La Audiencia malagueña ha resuelto una parte de las cuestiones anteriores planteadas por las defensas y ha rechazado integrar un nuevo bloque en el juicio, como había pedido el fiscal, para emprender el origen de la investigación, que los abogados de los acusados han cuestionado desde el principio por su supuesta vinculación con el comisario José Manuel Villarejo.

Asimismo, se declaran nulas las escuchas telefónicas autorizadas en coche del 29 de marzo de 2007 y las prórroga de exactamente las mismas, los registros en la vivienda de un acusado y en las sedes de 2 compañías; y los coches de detención de tres acusados, entre ellos el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía; tal como las resoluciones por las que se prorrogó el arresto de este y de Barrientos.

Se ordena excluir los delitos de cohecho que se imputaban a tres procesados, si bien la causa prosigue contra ellos por el resto de delitos que le atribuye el ministerio público. Asimismo, se da cuenta del fichero de las actuaciones respecto de 2 investigados para los que el fiscal ahora retiró la acusación y se archiva la causa respecto de 2 mujeres citadas como participantes a título lucrativo.

Sin embargo, la Sala retrasa para otro instante la resolución sobre una nulidad íntegra de la causa hasta el momento en que se celebre la prueba precisa en el juicio, estimando que este género de alegación "no puede resolverse sin aclarar antes cuestiones fácticas que tienen la posibilidad de estar precisadas de prueba concreta".

En relación a las intervenciones telefónicas, la Audiencia piensa que era "razonable acometer una instrucción que iba a tener como objeto primordial inicial saber sobre todos y cada uno de los convenios" urbanísticos, "pero lo que no resultó ceñido a derecho es organizar la medida de intervención telefónica sin que se aportase ni una opinión propiamente esa de lo que se enajenaba en ningún convenio".

En este sentido, los jueces examinan documentos aportados con la demanda, que no piensan reportes como tal, y afirma que "no daban rastros suficientes que avalaran la que venimos insistiendo en proclamar sería el núcleo central de la demanda" en lo que se refiere a que mencionan a "alguna infravaloración" de convenios urbanísticos "para mantener un supuesto sistema de triple caja" en el Ayuntamiento.

El ministerio público viene manteniendo que había "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", por medio de donaciones o patrocinios de ocupaciones; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para "favorecer a determinados hombres de negocios". Estima en un inicio en 28 millones de euros el perjuicio provocado al Ayuntamiento a causa del caso.

Según el escrito inicial de la acusación, los acusados que eran políticos, mediante sus puestos de compromiso, en teoría hicieron acciones "orientadas a conseguir fondos de promotores y hombres de negocios" para "financiar ocupaciones públicas y privadas de los partidos en coalición", asimismo electorales, y además para "beneficio propio".

Comprende que "para eludir cualquier mecanismo de control de adentro o de afuera optaron por financiar parte importante de ese gasto con la creación de una 'Caja B', trámite ahora usado en otros ayuntamientos de la Costa del Sol, que esencialmente se nutriría de aportaciones de promotores y hombres de negocios con intereses inmobiliarios".

Anticorrupción apunta en su escrito inicial que "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier idea importante en materia urbanística a una anterior negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido". En la causa se han investigado convenios de planeamiento y de aprovechamiento "y se detectaron medidas proclives a favorecer a determinados hombres de negocios a costa del interés público".