La Audiencia de Sevilla ha decidido posponer el inicio del juicio de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias otorgadas por la Junta de Andalucía. En esta ocasión se examina el caso de las subvenciones concedidas a la empresa Calderinox, que es objeto de investigación por su relación con prejubilaciones irregulares.

Los acusados en este proceso incluyen a altos funcionarios de la Administración andaluza, sindicalistas de CCOO, un agente de seguros y un exdelegado de Trabajo. La Fiscalía alega que se otorgaron ayudas ilegales a Calderinox, sin seguir los procedimientos establecidos y beneficiando a personas ajenas a la empresa.

Se señala al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, entre otros, por su presunta participación en acuerdos irregulares para financiar prejubilaciones y pagos atrasados de la empresa.

Estos acuerdos habrían implicado el desvío de fondos públicos por un total de más de 600.000 euros, sin justificar su aplicación ni cumplir con las normativas correspondientes. La Fiscalía también destaca el papel de dos ex directores generales de Trabajo, ya condenados por malversación en casos anteriores.

Además, se menciona que se habría contratado una póliza colectiva de rentas con una aseguradora, en la cual se incluyeron a personas que no tenían derecho a tales beneficios. Se acusa a los sindicalistas de promover esta situación irregular con la complicidad de algunos de los acusados.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía pide condenas de hasta siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta para los acusados, por delitos que incluyen prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En resumen, este caso se suma a otras investigaciones relacionadas con los ERE fraudulentos en Andalucía, evidenciando presuntas prácticas ilegales que perjudicaron a trabajadores y desviaron recursos públicos de manera indebida. La justicia seguirá evaluando las pruebas presentadas y determinando las responsabilidades correspondientes en este complejo entramado de corrupción.