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Economía 14 de Julio de 2026 · 10:41h 2 min de lectura

El mercado del aceite de oliva en Andalucía mantiene precios bajos y bajas rentabilidades

Las almazaras andaluzas han comercializado más del 82% de la producción de la campaña, equivalente a 1.069.661 toneladas de aceite. Este volumen se acerca a las cifras del año pasado, pero los precios en origen continúan en caída, afectando la rentabilidad de los productores.

El contexto político actual refleja una situación de mercado marcada por la entrada de aceites de terceros países y la especulación, factores que contribuyen a la bajada de precios. La crisis se agrava por la tensión en las relaciones comerciales internacionales, en particular con Estados Unidos, que ha reducido el consumo de aceite de oliva español en ese mercado.

Las implicaciones de esta tendencia son graves para el sector olivarero, que acumula pérdidas superiores a los 1.200 millones de euros desde el inicio de la campaña. La reducción en las salidas y la presión sobre los precios ponen en riesgo la viabilidad de los pequeños y medianos agricultores, que no alcanzan a cubrir los costes de producción.

Desde el ámbito político, las instituciones andaluzas y nacionales enfrentan el desafío de implementar medidas que estabilicen el mercado y protejan a los productores. La falta de regulación efectiva y la competencia desleal dificultan la recuperación del sector, que requiere una atención prioritaria en la agenda económica y agrícola.

El futuro del olivar en Andalucía dependerá de la capacidad de los actores políticos y económicos para coordinar acciones que fortalezcan la protección del mercado y promuevan precios justos. La situación actual evidencia la necesidad de políticas que regulen la entrada de aceites importados y fomenten la rentabilidad del olivar tradicional.

Este escenario plantea un reto a largo plazo, en un contexto de creciente competencia internacional y cambios en los patrones de consumo. La sostenibilidad del olivar en Andalucía dependerá de decisiones estratégicas que aseguren la protección del sector y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales.

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