En una reciente publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado una nueva normativa que regirá la comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26. La medida, anunciada este martes, busca asegurar el equilibrio en el mercado, sobre todo ante el riesgo de sobreproducción que podría desestabilizar la oferta.

Bajo la dirección de Luis Planas, el ministerio ha enfatizado la importancia de esta norma, que activará un mecanismo de retirada de productos del mercado en caso de que las existencias iniciales sumadas a la producción alcanzaran un 120% de la media de las seis campañas anteriores.

Aunque las primeras proyecciones de producción, según datos de las comunidades autónomas, indican que estos niveles no se van a alcanzar, el ministerio ha tomado la precaución de establecer esta regulación para estar preparado ante cualquier eventualidad en el mercado.

Como parte del marco normativo, el artículo 167 bis del Reglamento (UE) del Parlamento y del Consejo n.º 1308/2013 permite a los países productores establecer normas de comercialización con el fin de optimizar el funcionamiento del mercado de aceites de oliva y aceitunas.

La implementación de este reglamento en España se formalizó a través del Real Decreto 84/2021, que da la posibilidad de establecer medidas excepcionales de comercialización que incluyan retiradas de producto y su empleo en usos no alimentarios, conforme a las condiciones del mercado.

El Ministerio ha descrito estas medidas como coyunturales y excepcionales, resaltando que tras un par de campañas de escasa producción, la próxima campaña 2024/2025 prevé recuperar la normalidad productiva. Las favorables condiciones climáticas de la primavera pasada han llevado a estimaciones de producción excepcionalmente altas para el 2025/2026, creando así la posibilidad de una sobreoferta.

Conscientes de esta situación, desde el ministerio comenzaron a preparar el mecanismo de retirada de aceite previsto, cuyo plazo de aprobación concluye el 31 de octubre, con el objetivo de prevenir impactos negativos en el actual ciclo comercial.

Después de un minucioso proceso de consulta con comunidades autónomas y representantes del sector, la normativa ha sido revisada y se han incorporado las observaciones pertinentes antes de su publicación final.

El uso de la normativa está condicionado a la activación según los criterios establecidos, y el porcentaje de aceite a retirar será determinado por cada operador en relación a su producción total.

Las almazaras que producen aceite de oliva estarán directamente involucradas en este proceso, y se prevé que el porcentaje específico a retirar sea definido por la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios antes del 15 de noviembre.

Finalmente, el ministerio se coordinará con las comunidades autónomas para elaborar un plan de control de esta nueva normativa, siendo responsabilidad de las autoridades regionales llevar a cabo las inspecciones necesarias para asegurar su cumplimiento.