SEVILLA, 1 de enero de 2025.

La Audiencia de Sevilla arranca este nuevo año con la mirada puesta en la emisión de sentencias que han sido requeridas por el Tribunal Constitucional (TC). Estas decisiones están relacionadas con el controvertido "procedimiento específico" de financiación autonómica y con los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han sido calificados como irregulares. También incluyen juicios de diversas piezas separadas que se han desprendido de esta amplia causa, tales como las cuestiones relativas a Fertiberia y Cenforpre, además de la macro vista que investiga posibles delitos en la adjudicación de derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis. Por si fuera poco, también está programado el juicio a la actriz María León.

En este contexto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que anteriormente dictó la sentencia original en lo que se ha dado en llamar la pieza “principal” de la macro trama de los ERE, se encuentra ahora obligada a emitir nuevas sentencias. Esto es consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional, que ha estimado parcialmente los recursos de amparo interpuestos por los expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros condenados. El TC ha anulado las condenas impuestas por la Audiencia y ha ordenado una re-evaluación que debe tener en cuenta una nueva doctrina.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que “no se puede considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su posterior aprobación como proyectos de ley pueda calificar como resoluciones en asuntos administrativos.” Esta apreciación ha llevado a que las sentencias anteriores sean vistas como un ejercicio interpretativo erróneo que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal, tal como lo garantiza el artículo 25 de la Constitución Española.

Para afrontar este complejo proceso de emisión de nuevas resoluciones, la Sección Primera ha decidido conformar un tribunal ampliado. Este nuevo tribunal está compuesto por las dos magistradas que aún se encuentran en activo del tribunal original, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles —la última actualmente en excedencia voluntaria y con un cargo en la Audiencia de Alicante—, además de otros magistrados de la misma sección como Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco.

La creación de esta sala ampliada es resultado de la "dificultad y trascendencia jurídica" que conlleva el tarea de ajustar las nuevas sentencias a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, que ha añadido una complejidad adicional a un caso que ya era de por sí complicado.

Además, el próximo 7 de enero, justo después de la festividad de los Reyes Magos, esta misma sección reanudará el juicio contra Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, así como contra Juan Antonio F.G., quien ocupó el cargo de secretario de Organización, Finanzas y Comunicación en la Federación de CCOO. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionada con más de 9.76 millones de euros que fueron concedidos por la Junta de Andalucía sin seguir el “procedimiento legal” establecido, en el marco de pólizas de seguro de rentas para trabajadores de Fertiberia que se vieron afectados por estos ERE.

De lo contrario, el 9 de enero se prevé el inicio de un juicio también relacionado con otra pieza separada de los ERE. En esta ocasión, el caso se centra en las pólizas de rentas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), donde la Junta de Andalucía aportó 491.424 euros. Entre los acusados se encuentra José Antonio Gómez Romón, apodado 'Pizo' Gómez, quien es conocido por su pasado como futbolista en equipos como Osasuna y Atlético de Madrid.

Para el 3 de febrero, se programó un juicio con jurado popular contra un recluso en la cárcel de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, quien está acusado de haber asesinado a su compañero de celda el pasado febrero de 2023, asfixiándolo con un cordón. El Ministerio Público ha solicitado para él una condena de 19 años y once meses de prisión.

En su exposición de conclusiones provisionales, el Ministerio Público ha requerido que O.E.K., un ciudadano marroquí con antecedentes penales no relevantes a efectos de reincidencia, sea condenado a 19 años y 11 meses de prisión y que indemnize a la familia de la víctima con un total de 197.820,56 euros. Solicitan que cumpla la pena en su totalidad, resaltando la gravedad del delito y la necesidad de salvaguardar el orden jurídico.

Un mes después, el 3 de marzo, la Sección Tercera de la Audiencia iniciará el juicio relacionado con la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, un caso que ha resultado en el procesamiento de 16 individuos.

Entre los acusados se encuentran Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel, así como el expresidente de la SEPI, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, descrito como antiguo secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo. También se incluye a la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio Coto, junto a varios funcionarios de la Junta que formaron parte de la mesa de contratación. Se anticipa que este juicio se extenderá, al menos, hasta el 15 de julio.

La apertura del juicio oral fue acordada en 2021, luego de haberse decretado en dos ocasiones el sobreseimiento de la causa. No obstante, los recursos de apelación interpuestos llevaron a la reapertura de la investigación a instancia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien fue la instructora original de la macro causa de los ERE.

Finalmente, para el 14 de marzo, el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla tiene programado el juicio en el que se acusa a la conocida actriz María León. El Ministerio Público está pidiendo una pena de un año y nueve meses de prisión por un supuesto delito de atentado y una multa por lesiones menores. Esto se origina a raíz de su presunta agresión a una agente de la Policía Local durante un incidente nocturno, un hecho que León ha negado al declarar que fue víctima de abuso policial.