SEVILLA, 6 de noviembre. El reciente Estatuto del Becario ha sido aprobado en una sesión del Consejo de Ministros, y se espera que impacte a unos 50.000 universitarios del sistema público en Andalucía. Los rectores de las universidades andaluzas han expresado su inquietud en torno a esta regulación, respaldando las preocupaciones que ya habían sido manifestadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad económica del nuevo marco normativo.

Fuentes de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) han señalado a Europa Press que se requiere un compromiso claro tanto del tejido empresarial como de las administraciones públicas para cubrir los costes de implementación de esta normativa. Según la AUPA y la CRUE, la existencia de prácticas en el ámbito público es esencial, y si no se establece un modelo de corresponsabilidad, el tradicional sistema de prácticas podría enfrentarse a un futuro incierto.

Este anteproyecto de Ley, que regula las prácticas no laborales en el entorno empresarial y que se conoce como el Estatuto del Becario, ha sido finalmente aprobado tras más de dos años de trabajo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La ministra Yolanda Díaz ha calificado este esfuerzo como un paso importante para modernizar las condiciones laborales de las nuevas generaciones en España, aunque los rectores han criticado la falta de consulta a la comunidad universitaria durante su elaboración.

En respuesta a las inquietudes de la CRUE, la ministra Díaz sugirió que los rectores se reúnan con los presidentes de las comunidades autónomas para exigir una financiación adecuada para el sistema universitario público. Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco legal claro para las prácticas no laborales, definiendo derechos y responsabilidades tanto para los practicantes como para las empresas, así como sanciones para aquellas que incumplan la normativa.

El nuevo estatuto plantea que estas prácticas sean una oportunidad genuina para aprender y desarrollarse, y no un reemplazo para puestos de trabajo existentes. La ministra afirmó que las personas en prácticas tendrán derechos garantizados y que no deberán sustituir a empleados permanentes en las compañías.

Las empresas estarán obligadas a cubrir los gastos asociados con las prácticas, como transporte, alojamiento y manutención, conforme a lo establecido en sus respectivos convenios. Asimismo, se implementará un régimen de sanciones que puede incluir multas de hasta 225.018 euros para las infracciones más gravosas. Estas multas variarán en función de la gravedad de la infracción, abarcando desde 7.501 hasta 120.005 euros en casos de discriminación u otras injusticias.

En cuanto a la duración de las prácticas extracurriculares, estas no podrán exceder las 480 horas ni representar más del 15% de los créditos ECTS requeridos para la titulación. El Estatuto también contempla prácticas vinculadas a títulos universitarios, estableciendo un límite del 25% de los ECTS combinados. Las personas en formación deberán integrarse en el entorno laboral y tener acceso a las mismas instalaciones que el resto del personal, respetando siempre las normativas de la empresa.

Los estudiantes estarán obligados a cumplir con el horario pactado y desarrollar sus actividades con responsabilidad, manteniendo una comunicación constante con su tutor académico. Además, deberán entregar informes conforme se les requiera. A pesar de la reciente aprobación del anteproyecto, este aún debe ser debatido en las Cortes Generales, lo que podría complicar su ratificación final, dado el actual clima político y las tensiones observadas entre las diversas fuerzas en el Gobierno.