SEVILLA, 23 de noviembre.

El próximo miércoles, 26 de noviembre, el Pleno del Parlamento de Andalucía se reunirá para discutir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca restaurar los estándares de calidad en el sistema de salud pública en la región. Esta propuesta es impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, y hasta el momento, el Gobierno del PP-A no ha tomado una postura clara, ni a favor ni en contra, respecto a su tramitación.

La noticia fue revelada el pasado miércoles durante la Junta de Portavoces, que estableció el orden del día para la sesión plenaria. A diferencia de lo habitual, esta vez el Parlamento llevará a cabo su trabajo en tres días, iniciando las discusiones a las 16:00 horas del miércoles con el análisis de dos proyectos de ley: uno sobre la promoción de la producción ecológica y otro sobre los Agentes de Medio Ambiente en Andalucía, seguido del debate sobre la mencionada ILP.

Según el texto de la Iniciativa Legislativa Popular, consultado por Europa Press, se argumenta que desde el año 2019, cuando Juanma Moreno, líder del PP-A, asumió la presidencia de la Junta, se ha intensificado el deterioro del sistema sanitario público en Andalucía.

Los promotores de la ILP afirman que el modelo de gestión que se ha fortalecido en este periodo es el de colaboración público-privada en sanidad, que ha llevado a una reducción gradual del sector público en favor del privado. Este modelo ha resultado en un aumento alarmante de las listas de espera, tanto para diagnósticos como para intervenciones quirúrgicas, como se expone en la justificación de la iniciativa.

La ILP sugiere una serie de modificaciones a la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, con el objetivo de poner fin al deterioro del sistema. Estas propuestas incluyen la creación de mecanismos de control social sobre las decisiones administrativas en salud, el fortalecimiento de los recursos públicos para asegurar su efectividad y la regulación del papel del sector privado en la atención sanitaria.

Con esta iniciativa se busca un artículo único que modifique la Ley de Salud de Andalucía, estableciendo que el sistema sanitario público debe ofrecer servicios a toda la población, basarse en un único aseguramiento público y recibir financiación completamente pública, así como proporcionar una atención integral de alta calidad que sea evaluada y controlada adecuadamente.

Asimismo, la ILP propone que se garantice que la atención primaria cuente con suficiente personal para garantizar asistencia a demanda en menos de 48 horas y establecer límites adecuados para las listas de espera tanto en atención hospitalaria como en intervenciones quirúrgicas, fijando un máximo de 30 días para consultas y de 60 días para cirugías.

Finalmente, se incluye en la ILP una cláusula que establece que la sanidad andaluza no podrá destinar fondos de subvenciones a aquellos servicios que estén bajo un régimen de concierto, y se exigirá a la Consejería de Salud implementar auditorías para garantizar la calidad y equidad de los servicios financiados con recursos públicos, incluidos aquellos gestionados privadamente.