SEVILLA, 13 Oct.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este jueves, con los votos de forma exclusiva del PP-A, el Decreto-ley 8/2022, que altera por su parte la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, regulador del servicio de los automóviles de transporte con conductor (VTC), que está en vigor desde el pasado 1 de octubre.

Vox se ha abstenido y PSOE y Por Andalucía han votado en contra. Estos 2 últimos conjuntos habían pedido la tramitación del decreto ley como emprendimiento de ley, intención que ha rechazado el PP por 57 noes en frente de 51 síes.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido frente al Pleno del Parlamento este decreto que definió como "una regla con sello andaluz, diferente a la aprobada en la Comunidad de Madrid y en Cataluña".

La Junta ha remarcado que la elaboración del decreto ley es consecuencia de que el Gobierno dejara a cargo de las comunidades autónomas la regulación de este tema al eliminar el servicio urbano de VTC desde el 1 de octubre.

El Decreto ley convalidado fija zonas de protección a fin de que los VTC no logren estacionar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y buses, tal como a 150 metros de centros de salud, enormes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de cuando menos 4 estrellas, sedes judiciales o sitios donde se celebre un acontecimiento deportivo, cultural o popular.

También se prohíbe la geolocalización anterior a la contratación, y el usuario solo va a poder comprender dónde se encuentra el VTC en el momento en que lo contrate. Los VTC deberán dar mucho más información al registro, aparte de tener que sobrepasar exactamente los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, "en labras de lograr la profesionalización del ámbito y una mejor protección de los derechos de los individuos".

El decreto establece que los conductores de VTC "dispondrán de un período máximo de un par de años para conseguir la capacitación profesional computados desde la entrada en vigor" de esta regla.

Los conductores de automóviles adscritos a autorizaciones VTC van a deber reunir, para la prestación del servicio, requisitos como "tener un permiso de conducción bastante expedido por el órgano competente en temas de tráfico y seguridad vial" y "certificado de capacitación profesional vigente para el ejercicio de la actividad expedido por la Consejería competente en temas de transporte".

También, "figurar dada de alta y al tanto de pago en el régimen pertinente de la Seguridad Popular", y "no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su aptitud física para la conducción o que repercuta de forma negativa sobre la seguridad vial".

La regla establece que no va a haber mucho más autorizaciones que las concedidas por el Estado y "solo va a poder haber novedosas más adelante si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis".

El Decreto ley establece que en el reglamento se van a fijar especificaciones técnicas para los nuevos automóviles VTC, que han de ser de color negro, sin rótulos ni propaganda.

En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del desarrollador del vehículo para eludir complementos que aumenten la longitud; específicamente, un mínimo de 4,9 metros, con lo que van a deber ser de gama alta; 4,7 metros para híbridos/Eco, y 4,5 metros para los cero emisiones.

Los municipios van a poder entablar como máximo 52 días por año de reposo obligación a los VTC, uno a la semana sin que coincidan con los días de sobra demanda.

Se va a aplicar el régimen sancionador del Estado y se entrega la potestad a los municipios para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de costes contra las tarifas desmesuradas de los VTC en instantes de enorme demanda y va a poder entablar una cuota máxima "anterior audiencia de las organizaciones del ámbito, de usuarios y individuos".

El decreto ley, ha defendido el Gobierno andaluz, "tiene como fin asegurar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a ofrecer un servicio por precontratación".

La normativa andaluza ha buscado "que los VTC prosigan haciendo un trabajo, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este sistema público de interés general se vea asimismo reforzado y asegurado", en expresiones de la consejera.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha expulsado del Pleno a 2 representantes del campo del taxi, quienes habían alzado la voz a lo largo de la intervención de Carazo y a quienes antes había solicitado que guardasen silencio.

La miembro del congreso de los diputados socialista Isabel Ambrosio ha sostenido que el decreto ley del Gobierno andaluz infringe preceptos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Autonomía Local o la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano, a eso que ha sumado que padezca el rechazo del Parlamento, del campo, de la FAMP y charlar entonces de que "hizo Pleno al 15", de lo que ha colegido que "no tuvo intención política" tras 4 años para realizar la regla.

"El PSOE se quedará con los damnificados por este decreto ley", aseguró Ambrosio tras proclamar que "el artículo es un despropósito legal, que no posee memoria económica, ni reglamento".

El PSOE, exactamente la misma Por Andalucía, ha pedido la tramitación del decreto ley como emprendimiento de ley.

La representante de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha colegido de que si el campo del taxi "se siente dificultosamente damnificado por este decreto" es que "el decreto muy favorecido no es" para reprocharle que "el diálogo algo nuevo a eso que ustedes han aplicado como procedimiento de trabajo: sentarse sobre una mesa con alguien y decirles que son lentejas".

Nieto ha señalado lagunas en la regulación del arrendamiento de automóviles con conductor como que "se han nuevo las tarjetas de transporte a los VTC sin contrastar si había seguro de compromiso civil limitada por 50 millones de euros como se pide a los taxistas" y inferir que si el Gobierno andaluz "sabía que no se ajusta a ley comete un delito" tras apuntar que "la Junta de Andalucía ha mirado para otro lado".

La representante del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido que "no había inconvenientes entre VTC y taxis hasta la aparición de internacionales" y ha reprochado a Carazo que "decidieron trabajar para tres compañías en paraísos fiscales", con lo que ha concluido que "es la consejera de Uber y Cabify y no de los ciudadanos", a eso que ha sumado que "tienen a gente del PP haciendo un trabajo en la patronal de los VTC, Inauto".

Rodríguez ha sostenido que ninguna Comunidad que ha predeterminado la precontratación con 15 minutos de antelación "tiene ningún inconveniente" y ha señalado que la Junta de Andalucía ha propociado que "los VTC logren circular por toda Andalucía", de forma que logren asistir a los carnavales de Cádiz o la Feria de Sevilla a prestar servicio frente a una alta demanda.

El parlamentario de Vox Ricardo López ha recriminado al Gobierno andaluz que "tuvieron 4 años para trabajar desde el popular decreto Ávalos (exministro de Transportes)", con lo que ha considerado que "no cuela" que "el centro centrado neoprogresista nos trae un decreto con nocturnidad y alevosía".

La miembro del congreso de los diputados del PP Berta Centeno ha argumentado que "el decreto Ávalos nos ordena a las comunidades a regular el servicio urbano", hecho que ha retratado como "un caos jurídico sin precedentes" y considerado como "una dejación de funcionalidades del Gobierno inaudita" que ha conducido a "17 reglas diferentes".

A este ámbito se ha enfrentado "un Gobierno intrépido que decidió negociar con todos y cada uno de los campos implicados", de los que dijo que "hay 17.000 familias atentos" entre los dos ámbitos, VTC y taxi.