En un reciente desarrollo político, la Mesa del Parlamento de Andalucía ha decidido enviar al Consejo de Gobierno de la Junta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a recuperar la calidad del sistema sanitario público en la región. Esta iniciativa, impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, busca que el Ejecutivo se pronuncie sobre su viabilidad y aplicación.

El acuerdo, tomado el 1 de octubre, destaca el cumplimiento de los requisitos necesarios para la recolección de firmas según la Ley 5/1988 sobre Iniciativas Legislativas Populares, convirtiéndola en una propuesta oficial de modificación legal enfocado en la sanidad andaluza. La Mesa encontró que las normativas han sido cumplidas, facilitando así el avance de esta iniciativa que pretende abordar preocupaciones sobre el estado actual de la sanidad pública en la comunidad.

Siguiendo los protocolos establecidos en el Reglamento de la Cámara, la ILP será evaluada por el Consejo de Gobierno, que deberá expresar su opinión sobre su toma en consideración y sobre cualquier implicación presupuestaria que podría surgir, como el aumento de créditos o la reducción de ingresos.

La propuesta de la ILP nace de una creciente preocupación por la calidad del sistema sanitario, que según sus promotores ha empeorado desde 2019, año en que Juanma Moreno asumió la presidencia de la Junta. Argumentan que se ha intensificado la privatización de la sanidad, con un modelo de gestión que favorece la colaboración público-privada, lo cual ha resultado en un debilitamiento de los servicios públicos.

Los impulsores de esta iniciativa destacan que este periodo ha sido marcado por un aumento alarmante en las listas de espera, tanto para diagnósticos como para tratamientos quirúrgicos. Con ello, la ILP pretende implementar modificaciones en la Ley de Salud de Andalucía que detenga este deterioro y restaure el estándar del servicio sanitario público.

Las reformas propuestas buscan establecer mecanismos de supervisión social sobre las decisiones administrativas en el ámbito sanitario, fortalecer los recursos públicos en todos los niveles de atención y regular el uso eventual de servicios privados, resaltando su carácter subsidiario y temporal.

La ILP incluye un artículo único que propone una serie de principios para el sistema sanitario público de Andalucía, tales como el acceso universal a los servicios, financiamiento público exclusivo y un enfoque integral de la salud que asegure altos estándares de calidad, evaluados y monitorizados.

Entre otros objetivos, la iniciativa aspira a que la Ley de Salud establezca que la atención primaria cuente con el personal adecuado para garantizar la asistencia en un plazo no mayor a 48 horas, y que las listas de espera hospitalarias sean inferiores a 30 días para consultas y 60 días para intervenciones quirúrgicas.

Por último, se señala que en el ámbito andaluz, el régimen de concertación con entidades privadas no podrá ser compatible con la obtención de subvenciones para financiar actividades ya concertadas. Además, se advierte que la Consejería de Salud deberá implementar auditorías para asegurar la calidad de atención y la justicia en el acceso a los servicios públicos gestionados de manera privada.