SEVILLA, 9 Feb.

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los apoyos de los conjuntos Socialista, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía, y merced a la abstención del PP-A, que tiene mayoría absoluta, instar a la Junta a "cumplir los preceptos establecidos en la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y asegurar el libre derecho de las mujeres andaluzas a abortar en la sanidad pública andaluza y, en todo caso, en su provincia".

Así se recogía en el primero de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves en el Pleno el conjunto Por Andalucía, que ha contado con el rechazo de Vox en su integridad, y que se ha votado separadamente en 2 bloques, de manera que el primero sí fué aprobado, al paso que el segundo quedó rechazado.

De este modo, el PP-A se ha abstenido y el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han compuesto la primera reivindicación de esta idea planteada en defensa del "ejercicio del derecho al aborto".

Sin embargo, el PP-A ha votado, igual que Vox, contra el resto de la idea, que quedó de esta forma rechazado, y que incluía reivindicaciones como la de instar a la Junta desde el Parlamento a "subvencionar los costos de desplazamientos que las mujeres deban efectuar si su IVE --interrupción facultativa del embarazo-- se ejerce fuera de su distrito sanitario".

"Adoptar medidas de transparencia activa a fin de que sea público el número de expertos sanitarios que han ejercido el derecho a la objeción de conciencia en todos y cada centro hospitalario o distrito sanitario público" era otra reivindicación que Por Andalucía deseaba que el Parlamento trasladase a la Junta, aparte de emplazarle a "adoptar medidas de control de que el plantel objetor de conciencia en la sanidad pública asimismo lo es en la sanidad privada".

Además, Por Andalucía deseaba con esta idea instar a la Junta a "asegurar que en las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones destinadas por el grupo de consejerías a información, consejos a mujeres embarazadas, o cualquier otra actividad relacionada con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo el respeto a su derecho a tomar decisiones la interrupción facultativa de su embarazo con la plena garantía de su ejercicio, no resultan adjudicatarias asociaciones y entidades que son descubiertamente contrarias a la normativa vigente en temas de aborto, y que protagonicen o fomenten ocupaciones proclives a torcer la intención de las mujeres que desean ejercer su derecho".

Finalmente, la confluencia de Podemos, IU y Más País deseaba que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "asegurar en todos y cada uno de los centros académicos sostenidos con fondos públicos la información sobre salud sexual y reproductiva, protección frente anomalías de la salud de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, amoldando los contenidos a la edad del alumnado".

La representante del conjunto Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha intervenido en defensa de esta PNL que mantiene que, "formalmente", en esta zona "se cumple" la citada Ley 2/2010, pero "la verdad es que la Junta solo tiene un hospital público que practique abortos, derivando a la sanidad privada, vía recitales, la práctica integridad de las IVE que se efectúan en nuestra red social".

Al respecto, la idea apunta que, en Andalucía, el 99% de los abortos se practican "en la sanidad privada, lejos de la media estatal ubicada en el 88%", y demanda el "flagrante y reiterado incumplimiento" de la ley estatal en Andalucía, con un "exponente máximo" de esto en la provincia de Jaén, "donde la Junta de Andalucía admite que no se practican abortos en el sistema público ni existe concierto alguno con clínicas privadas a fin de que las mujeres que de esta forma lo resuelvan logren abortar sin moverse fuera de su provincia".

Además, desde Por Andalucía han criticado que "los costos de movimiento causados a las mujeres, y que han de ser adelantados por exactamente las mismas, independientemente de su coyuntura económica, no son reembolsados a éstas por la Junta de Andalucía, lo que piensa una traba mucho más que añadir a las mujeres que cumpliendo los requisitos legales deciden interrumpir su embarazo".

En el momento de intervenciones de los conjuntos, la miembro del congreso de los diputados del PP-A Ana Mestre ha acusado a los impulsores de esta idea de estimar "llevar a cabo ver algo que no es y no sucedió" en Andalucía, pues en esta red social "se cumple la ley" del aborto "ya hace ahora 13 años", según ha remarcado.

En esa línea, ha denunciado que los proponentes "desean distorsionar la verdad para hacer un temor real en el sentimiento de las mujeres", para "avivar una guerra de conciencia", algo que ha tachado de "mala política" y de "canallada", pues piensa utilizar la política "para el combate", y para "cultivar temor, asco y también furia", según ha reprochado.

La parlamentaria del PSOE-A Mercedes Gámez ha incidido en reivindicar en su intervención que hay el "derecho constitucionalmente reconocido a elegir sobre nuestro embarazo" por la parte de las mujeres, tal como ha remarcado la "obligación de la administración" de velar por "que se ejercite ese derecho en su integridad", tras lo que ha emplazado además de esto al PP a "terminar" a con su "fea y malísima práctica" de recurrir frente al Tribunal Constitucional "cualquier avance en derechos sociales" que se da en este país.

Además, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber "regado de dinero a las asociaciones que amedrentan a las mujeres en el ejercicio de su derecho" con "hostigamiento" hacia ellas.

La miembro del congreso de los diputados de Vox Mercedes Rodríguez mostró su preocupación por que en este país se vaya a admitir el aborto como "un derecho humano", en el momento en que se atenta contra el derecho humano primordial, que es el derecho a la vida, mientras que se vulnerará "con total impunidad el derecho a la tutela legal eficaz".

Además, ha criticado la actitud del PP de haber acabado renunciando "a proseguir defendiendo el derecho a la vida", y ha denunciado la carencia de ayudas "no para disuadir a quien desee abortar, sino más bien para la mujer que sí quiere tener sus hijos" y que, por cuestiones sociales, laborales o económicas, tiene inquietudes, algo que "no tiene toda racionalidad", ha añadido la miembro del congreso de los diputados de Vox.

Por último, la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha considerado que, en la comparativa con el Gobierno de Castilla y León, donde el PP rige en coalición con Vox, que en Andalucía "el PP hace cosas peores", como asignar "700.000 euros a asociaciones antiabortistas", a eso que ha sumado el ejercicio de "externalizar la sanidad pública, con la explicación de la objeción de conciencia" de los médicos, por cuanto hay "desviaciones a la sanidad privada en el cien% de las situaciones".

Mora expresó que "nos encontramos según con esta PNL, que, en un Estado de Derecho con una excelente calidad democrática, no habría de estar debatiéndose", según ha opinado.