• lunes 30 de enero del 2023

El Parlamento repudia con la mayor parte del PP-A gestionar la ILP para impulsar una bajada de ratios en institutos andaluces

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SEVILLA, 14 Dic.

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de la mayor parte absoluta del PP-A, tener en consideración la proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de modificación de la Ley de Educación de Andalucía, que persigue una bajada de ratios en institutos andaluces.

La ILP, que fué protegida frente al Pleno por Carmen Yuste como representante de su comisión promotora, tenía el método opuesto del Consejo de Gobierno del PP-A y no siguió adelante más allá de tener los apoyos de los conjuntos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, al tiempo que Vox se ha abstenido.

Esta Iniciativa Legislativa Popular llegó al Pleno del Parlamento tras reunir las mucho más de 40.000 firmas de acompañamiento requeridas para su tramitación, y sus promotores la han impulsado tras constatar que la Ley de Educación de Andalucía "no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión primordial que establece en buena medida todos los otros: la relación máxima de alumnado por unidad didáctica".

Al respecto, los promotores de esta ILP han remarcado que la red social autónoma "tiene rivalidad para liquidar" esas ratios máximas de profesorado "y amoldarlas a la verdad y las pretensiones de nuestro territorio", y han solicitado "intención política" y "valentía" a los parlamentarios para admitir su toma en cuenta.

La comisión promotora de la ILP ha sostenido que "si hay una red social autónoma donde la reducción del número de pupilas y estudiantes por unidad escolar es precisa y urgente es Andalucía, que no únicamente está entre las comunidades autónomas con mucho más alumnado por unidad escolar y enseñante, sino más bien con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado".

Además, ha razonado que es "mucho más preciso, si cabe, entablar en la ley de educación andaluza una ratio máxima de alumnado por unidad escolar y enseñante en lo que hace referencia al alumnado con pretensiones concretas de acompañamiento educativo y pretensiones educativas particulares".

Según los promotores de esta idea legislativa, "el descenso de la natalidad en todo el Estado y asimismo en Andalucía vuelve posible una opción alternativa de futuro, fundamentada en la reducción de las ratios en todos y cada uno de los escenarios académicos para progresar las condiciones de enseñanza, sin precisar un incremento inasumible de la inversión en personal y también infraestructuras". "La bajada de las ratios no es un gasto", ha aseverado en esa línea Carmen Yuste.

Por todo ello, esta idea legislativa se ofrece "prosperar el artículo de la Ley de Educación de Andalucía, estableciendo en todos y cada uno de los escenarios académicos preuniversitarios unas ratios correctas a la verdad de hoy y a las pretensiones del sistema educativo andaluz, introduciendo al alumnado con pretensiones concretas de acompañamiento educativo y con pretensiones educativas destacables".

Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se han contrario a la tramitación de esta idea partiendo de la iniciativa de que "la reducción extendida de la ratio alumno por sala en todos y cada uno de los escenarios académicos debe incorporarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el contexto de una normativa estatal".

Además, desde el Gobierno andaluz han sostenido que la medida que expone la ILP "implicaría la redefinición de la red de centros enseñantes, recortando la independencia de las familias para escoger centro educativo", y el grupo de medidas agarradas en exactamente la misma comportarían "un aumento de forma anual en los capitales de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el incremento de personal enseñante y no enseñante, sin tomar en consideración los costos derivados de las novedosas pretensiones de infraestructuras, siempre y cuando fuera viable por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los costos indirectos por el desarrollo de entidades tanto en centros públicos como concertados".

En el enfrentamiento de la idea en el Pleno del Parlamento, la representante anexa del Grupo Socialista, María Márquez, ha denunciado que la Junta "renuncia" a sus competencias para bajar la ratio en las salas y proteger la educación pública, al paso que sí utiliza ellas para "proteger a las considerables fortunas" con la bajada de impuestos. Ha señalado que hay que amoldar las ratios a la verdad andaluza y atender con garantías a los pequeños con pretensiones particulares.

"Tienen mucho más elementos que jamás y es un instante perfecto para emprender ese enfrentamiento", indicó Márquez, quien ha añadido que desde el instante en que el PP-A rige, se han "cerrado 1.500 entidades públicas" en los centros académicos. Ha criticado que el PP-A, en los programas electorales y en sus avisos sí abogue por bajar la ratio en las salas, pero en el momento en que llega una idea del mismo modo al Parlamento, afirma "que es rivalidad del Gobierno de España". "En el momento en que hay que utilizar la autonomía para proteger la educación pública, se les cae el traje", según ha reprochado a la Junta.

El parlamentario del PP Jorge Saavedra ha defendido, en cambio, que la vocación del Gobierno andaluz es prestar "una educación de calidad sin dejar a ningún alumno atrás", tal como que "la ratio es razonablemente buena, afín a la de Cataluña y Madrid y a otros países", mientras que ha recordado que el PSOE dejó una ratio en Educación Primaria de 21,4, al paso que tras la administración del PP pasó a ser de 20,13, "un punto y una décima menos", hecho que ha atribuido a un aumento de la inversión del 34%, de forma que ha blandido la presencia de 104.000 enseñantes, "eso no había existido jamás". "Mucho más enseñantes para menos estudiantes", ha apostillado.

La presidenta del Grupo Parlamentario Vox, Blanca Armario, ha defendido la necesidad de la bajada de la ratio en las salas para "accionar acorde precisan los españoles, sin la encorsetada iniciativa" que, a su juicio, expone la Iniciativa Legislativa Popular.

La miembro del congreso de los diputados de Por Andalucía Alejandra Durán empezó su intervención resaltando que su conjunto comparte "las causas y las causas" expuestos por la comisión promotora, y criticando la "falta de sensibilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por no estar que se encuentra en el salón de plenos a lo largo del enfrentamiento de la ILP. Además, ha aseverado que "no es de recibo que se haya intentado denegar esta idea aun antes de llegar al Pleno", con la negativa de la Mesa del Parlamento a la prórroga de un par de meses que sus promotores pidieron para la obtenida de firmas demandadas para su enfrentamiento.

Por último, la representante del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que habría que aceptar la toma en cuenta de esta idea frente todo por una "cuestión de calidad democrática" y de "respeto a quienes consiguieron traer 52.000 firmas" al Parlamento agarradas "en 4 meses" en pos de una medida "precisamente ventajosa" para la ciudadanía y la educación pública, según ha subrayado antes de afear asimismo la sepa a lo largo del enfrentamiento del presidente de la Junta, de quien ha denunciado que "no es usuario de la educación pública" y no le resulta interesante.

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