El PP-A critica la supuesta preferencia del Gobierno hacia Cataluña en el sistema de financiación.
En Sevilla, la Mesa del Parlamento andaluz ha aceptado una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular que busca expresar la "desconformidad" de la Cámara autonómica y oponerse "con firmeza" a que el Gobierno de España otorgue una "financiación singular" a una región específica.
Esta iniciativa consta de tres puntos fundamentales, según el documento consultado por Europa Press y presentado por el Grupo Popular el 15 de julio, previo al anuncio del preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para respaldar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
El preacuerdo mencionado, respaldado posteriormente en una consulta por la mayoría de militantes de ERC, propone que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione todos los impuestos en la región.
Antes de que se conociera este preacuerdo, el Grupo Popular introdujo en el Parlamento andaluz una PNL para debatir en el Pleno sobre la defensa de una financiación justa y suficiente dentro del marco constitucional.
En primer lugar, el PP-A busca que el Parlamento andaluz manifieste su "desconformidad" y se oponga con firmeza a que el Gobierno de España privilegie a una región con una "financiación singular", ya que esto vulnera principios constitucionales básicos.
Además, el Grupo Popular propone que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Junta a pedir la creación de un Fondo Transitorio de Compensación que permita que Andalucía reciba una financiación igual a la media de las comunidades autónomas hasta la entrada en vigor de un nuevo Sistema de Financiación.
Por último, la iniciativa pide al Gobierno andaluz solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes y sesiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera para diseñar un nuevo sistema de financiación más justo y equitativo.
El Grupo Popular argumenta que la propuesta de una "financiación singular" para Cataluña ataca principios constitucionales como la igualdad y la solidaridad interterritorial, y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y la actividad económica del Estado.
El PP-A se opone a esta propuesta considerando que rompe el sistema tributario estatal y va en contra del principio de lealtad institucional entre las haciendas estatal y autonómicas.