SEVILLA, 10 de noviembre. En una declaración emitida este sábado, Ana Romero, portavoz del PSOE en cuestiones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha expresado su descontento por lo que considera una “oportunidad perdida” respecto al Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, aprobado en solitario por el Gobierno andaluz liderado por el popular Juanma Moreno. Según Romero, esta decisión no solo priva de beneficios a muchas mujeres que residen en estas áreas de Andalucía, sino que también genera un clima de “discriminación y exclusión” en lugar de proteger sus derechos, como asegura el propio ejecutivo andaluz.

La portavoz socialista afirmó que el PSOE había depositado muchas esperanzas en esta normativa y que para ello, habían presentado más de 50 enmiendas al texto propuesto, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno del PP. “No nos han hecho caso en nada”, lamentó, indicando que su objetivo era incluir a todas las mujeres rurales dentro del Estatuto, en contraposición a su enfoque actual, que se centra únicamente en aquellas vinculadas al sector agrícola, dejando fuera a un amplio espectro de mujeres que también contribuyen al ámbito rural.

Romero destacó que las mujeres en estas regiones se enfrentan a un doble desafío: por un lado, por su condición de género y, por otro, por el entorno en el que viven, que a menudo se caracteriza por ser “masculinizado, envejecido y con estructuras patriarcales”. Este contexto imposibilita su plena integración y reconocimiento dentro de la economía rural.

Además, la diputada socialista subrayó la contradicción que presenta la normativa, ya que si una mujer trabaja en el sector agrario en una ciudad está protegida por la ley, mientras que aquellas que se dedican a actividades como la artesanía en localidades pequeñas quedan completamente excluidas del Estatuto. Esta situación evidencia que la normativa no abarca adecuadamente la diversidad de roles que desempeñan las mujeres en el mundo rural.

Por ello, Ana Romero considera que esta ley es “excluyente” y tampoco representa un avance hacia la igualdad ni en la paridad de representación en los órganos de decisión. Mientras tanto, la Junta de Andalucía sostiene que la reciente legislación garantizará una representación equilibrada en los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa), sumando también la creación de la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas.

Romero también hizo mención a la importancia de las cooperativas y organizaciones agrarias, sugiriendo que mediante subvenciones específicas se podría fomentar la incorporación de mujeres para lograr una verdadera igualdad de género en estas instituciones.

“Es una oportunidad perdida para muchas mujeres rurales, quienes esperaban que esta ley reflejara el avance que se ha logrado en Castilla-La Mancha, donde un gobierno socialista sí ha apostado por la igualdad real de todas las mujeres en su comunidad”, concluyó Ana Romero, reafirmando su postura crítica hacia la legislación aprobada por el PP en Andalucía.