El PSOE-A solicita la suspensión de la comparecencia de Montero en el Senado por electoralismo

El Partido Socialista de Andalucía (PSOE-A) ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) que suspenda la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado prevista para el 20 de abril. La petición se realiza en el contexto de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía y responde a una denuncia por supuesta vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos.

La comparecencia, convocada por el Partido Popular, aborda la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y se sitúa pocos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, que comienza el 1 de mayo. Desde el PSOE-A consideran que esta convocatoria busca influir en la percepción del electorado y vulnera los principios de igualdad y neutralidad en el proceso electoral.

El PSOE-A argumenta que la utilización del Senado y la agenda de Montero responde a una estrategia coordinada del PP para maximizar su impacto político en un momento clave. La denuncia también señala que las declaraciones públicas y la calendarización de la comparecencia evidencian una planificación orientada a favorecer ciertos intereses políticos en detrimento de la equidad electoral.

La federación socialista ha pedido medidas cautelares urgentes para evitar que la comparecencia se lleve a cabo antes del fin del proceso electoral. Entre ellas, la suspensión de la cita y el requerimiento al PP y a Gamarra para que cesen en la utilización propagandística de la actuación institucional.

Este movimiento forma parte de una serie de denuncias del PSOE-A contra el PP por presuntas actuaciones coordinadas que, según consideran, buscan influir en la opinión pública antes de las elecciones. La situación refleja las tensiones políticas en un momento de alta sensibilidad electoral, con un escenario en el que la utilización de instituciones públicas se analiza bajo la lupa judicial y ética.

El futuro político en Andalucía y la respuesta de la JEC serán determinantes para definir cómo se respetan los límites en la actividad institucional durante el período electoral. La decisión que adopte la autoridad electoral puede marcar un precedente en la gestión de la neutralidad institucional en procesos electorales futuros.